VALENCIA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -
El conseller de Solidaridad y Ciudadanía de la Generalitat Valenciana, Rafael Blasco, criticó hoy la política de inmigración estatal y la calificó como el "camarote de los hermanos Marx" porque "lo que dice y aparenta hacer el Gobierno de España en materia de extranjería contradice lo que practica el propio PSOE en un municipio como Vic".
Blasco se refirió en estos términos en un comunicado en referencia a la decisión del Ayuntamiento de Vic (Barcelona) --gobernado por CiU, ERC y PSC-- de no empadronar a inmigrantes 'sin papeles'.
En este sentido, el titular de Ciudadanía exigió al Gobierno central una "política seria" en inmigración "que sirva también para que todos los ayuntamientos y las comunidades autónomas gestionen correctamente medidas encaminadas a favorecer la integración de las personas inmigrantes y extranjeras".
"No podemos convertir todos los ayuntamientos de España en un Ministerio o en unas Cortes Generales, que es donde se decide la política de extranjería", remarcó el conseller, quien lamentó que el Gobierno "sigue sin adoptar medidas efectivas".
En su opinión, la agenda del presidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, "debería solventar esta disparidad de criterios como lo que ocurre en Vic", porque "la solución no puede partir de un ayuntamiento, ya que mañana puede haber un caso similar, y al día siguiente, otro".
"Si en España hubiera una verdadera política de inmigración, basada en un gran pacto de Estado entre los principales partidos políticos y las autonomías, con medios y recursos para cada administración adaptados al gran crecimiento poblacional que ha tenido nuestro país por la inmigración, esta situaciones no se darían y en estos momentos no habría duda alguna sobre la obligación de empadronar a cualquier persona que acredite su identidad y residencia en un determinado municipio", explicó.
Blasco insistió en que la inmigración "requiere de políticas serias que no den lugar a interpretaciones y decisiones de los ayuntamientos que, en algunos casos, ante un fenómeno como es la inmigración que ha crecido tanto en pueblos y ciudades se ven obligados a adoptar medidas arbitrarias sobre una cuestión que exige de respuestas que están fijadas en las leyes".
TRANSFERENCIA DE RECURSOS
"Los ayuntamientos, al igual que las comunidades, han sido castigados severamente por el Gobierno, quien no ha transferido los recursos necesarios para la atención de los inmigrantes cuyo número ha aumentado de forma considerable estos años", señaló.
Asimismo, indicó que para el Consell el empadronamiento es "un acto muy importante" porque del mismo "se derivan toda una serie de derechos y deberes para cualquier persona residente en la Comunitat, al margen de su procedencia". "Cualquier negativa a empadronar una persona, con independencia de su situación legal, la condenaría a no poder acceder a la sanidad, educación y otros servicios sociales. Estamos hablando siempre de la dignidad de la persona", subrayó.
"La entrada y salida de personas de España es un asunto que compete al Gobierno, por ejemplo, la concesión del permiso de residencia, pero no a la Generalitat valenciana ni a los ayuntamientos, los cuales, entre sus competencias, sí que está el impulso de las políticas de integración dirigidas a todas aquellas personas que residen en la Comunitat, al margen de su situación administrativa", declaró.
Con el fomento del empadronamiento, puntualizó Blasco, "se incentiva la integración de las personas inmigrantes y extranjeras mediante su participación en la vida política, social y cultural del pueblo valenciano, sea cual fuere su condición legal y administrativa".
