Se elaborará un informe social "tipo" y homogéneo que, en un plazo máximo de diez días, refleje las características de cada caso que llega
VALLADOLID, 29 May. (EUROPA PRESS) -
La Consejería de Familia de Castilla y León y la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP) han acordado la creación de fondos de vivienda social propia para familias desahuciadas y han fijado en siete días el plazo máximo, si la situación lo permite, para dar respuesta a las personas que llaman al 012.
Así lo ha explicado este miércoles la consejera de Familia, Milagros Marcos, quien ha firmado un convenio con el presidente de la FRMP, Miguel Ángel García Nieto, que establece que la Federación promueva la creación de fondos sociales específicos de viviendas propiedad de las entidades locales para los destinatarios del Programa integral de familias en riesgo de desahucio.
Esta medida, que prevé la disposición de viviendas en función de las necesidades, se suma a la promoción de la adhesión, por parte de las entidades, al Convenio para el Fondo Social de Viviendas estatal, al que pueden dirigirse personas cuyo desalojo se produjera a partir del 1 de enero de 2008 y que permite alquilar una vivienda por dos años (se puede prorrogar uno más) con una renta de entre 150 y 400 euros al mes, con un límite máximo del 30 por ciento de los ingresos netos totales de la unidad familiar.
En este sentido, García Nieto ha trasladado la "voluntad absoluta" de las entidades locales de adherirse a estas iniciativas vinculadas a la vivienda. "Hemos pasado del terreno de los deseos al de los hechos", ha asegurado antes de cifrar en el 90 por ciento las entidades que ya han mostrado su disposición de adhesión al Fondo Social.
Asimismo, Milagros Marcos ha explicado que, según el convenio, la FRMP se compromete a impulsar los mecanismos necesarios para dar respuesta "en no más de una semana" a las personas que llaman al 012 para pedir ayuda, "siempre que no se planteen otros plazos", mientras que la Junta elaborará un informe social "tipo" que permita igualar documentos y que se redactará sobre cada caso (sobre la capacidad de cada familia) en un plazo máximo de diez días.
Estas medidas persiguen "homogeneizar y agilizar los tiempos de respuesta" en el procedimiento por parte de las oficinas locales donde se presta atención directa y donde se desarrolla el Programa integral, atendido por 76 profesionales que han atendido 843 casos familiares de los cuales 355 ya están concluidos.
De ellos, ha matizado Marcos, el 91 por ciento (323) ha sido resuelto y, a su vez, del total de los resueltos 273 han concluido sin necesidad de interlocución con entidades de ahorro y 50 con mediación.
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Según se recoge en el texto rubricado este miércoles, la FRMP se compromete a promover entre las entidades locales la suspensión cautelar de las liquidaciones de las plusvalías aunque, en este sentido, García Nieto ha recordado que algunas entidades ya han ido "mucho más allá" con la puesta en marcha de medidas para facilitar el pago de impuestos o condonarlo.
No obstante, no se descarta la firma de convenios específicos con cada entidad a fin de aunar y homogeneizar sus medidas específicas con las impulsadas desde la Administración regional; en concreto, se persigue la incorporación al Programa de las actuaciones y medidas que ya desarrollan las entidades locales con el mismo objetivo.
Este convenio, según ha destacado Milagros Marcos, supone "un paso más" en la colaboración para ayudar a familias "que más lo necesitan" y mientras que, según el presidente de la FRMP, se trataba de reunir "en un sólo texto" lo que cada administración hace para "poner orden" y facilitar que las familias que atraviesan por esta situación cuenten con un "marco más claro" para salir de ella.
"El objetivo es que nadie pase ni un día sin un techo", ha aseverado la consejera antes de reiterar, no obstante, el carácter preventivo del Programa.
