MADRID, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, Arturo Canalda, aseguró hoy que "hay que trabajar para llegar un consenso" sobre la asignatura de Educación para la Ciudadanía y señaló que "es necesario negociar para evitar un enfrentamiento que a quien más afecta es a los chicos".
Según señaló Canalda en declaraciones a Europa Press, "lo importante en este debate es por qué se ha llegado a estos extremos. Según dijo, "al Ministerio no le discute que tiene capacidad de decidir, pero hay que intentar negociar para que no se convierta en un enfrentamiento".
"No ha habido diálogo", señaló el Defensor del Menor, que señaló que es necesario "conjugar el derecho de los padres sobre la educación de los hijos y el de una persona a recibir educación". "Hay que buscar contenidos que satisfagan a todos", aseguró, y señaló que el Ministerio de Educación "ha pedido un informe jurídico sobre la posibilidad de objetar a Educación para la Ciudadanía". Para Canalda, que las comunidades autónomas adapten el temario "es un parche".
"Hay que evitar llegar al extremo de que los niños suspendan el curso por no cursar Educación para la Ciudadanía", afirmó. "No se puede permitir que miles de chicos se queden sin titulación" a causa de las objeciones de conciencia.
A FAVOR DE LA OBJECIÓN.
Por otra parte, expertos jurídicos consultados por Europa Press apoyaron la posibilidad de que un menor de edad objete a la asignatura de Educación para la Ciudadanía, ya que "la ley permite a los menores tomar muchas decisiones", "se trata de un caso personalísimo" y está "a un paso de la mayoría de edad", según han señalado.
El abogado Javier Pérez-Roldán, del Centro Jurídico Tomás Moro, afirmó que "los menores pueden ejercer sus derechos", así como que la ley determina "actos que son personalísimos, como casarse", que los menores pueden tomar la decisión de llevar a cabo, independientemente de la opinión de los padres.
En su opinión, esa es la situación con la asignatura de Educación para la Ciudadanía, ya que la objeción de conciencia se podría ejercer "desde el momento en que se tiene madurez de conciencia". Pérez-Roldán señaló que, en todo caso, cualquier acto jurídico deben llevarlo a cabo los padres en caso de un menor de edad.
"Existen casos de chicos de 16 años que se han casado contra la voluntad de sus padres", aseguró el abogado, que afirmó que en situaciones como una operación médica grave, o la elección de estudios, "nadie puede decidir por el menor porque se trata de decisiones personalísimas". "Si un chico fuera al juzgado porque no le dejan elegir sus estudios, el juez le daría la razón", aseguró.
"Si consideramos que un menor es capaz para abortar sin consentimiento de los padres, para recibir la píldora del día después, o para mantener relaciones sexuales, no tendría sentido no considerarle capaz para objetar de una asignatura", afirmó.
Por otra parte, fuentes del Observatorio para la Objeción de Conciencia señalaron hoy que "el derecho a la objeción de conciencia existe, como reconocen las sentencias 53/1985 y 154/2002 del Tribunal Constitucional". La primera de esas sentencias "relaciona el derecho a la objeción de conciencia directamente con el artículo 16.1 de la Constitución Española, que garantiza la 'libertad ideológica, religiosa y de culto'", mientras que la segunda afirma que el menor "es titular del derecho a la libertad religiosa, de las que son titulares". El límite para ejercer la objeción sería "el mantenimiento del orden público".
El abogado Antonio Acevedo, experto en derecho familiar, señaló por su parte que "la niña que ha objetado está a un paso de la mayoría de edad, y por lo tanto de decidir todo por su cuenta". En su opinión, "puede objetar independientemente de lo que dijeran sus padres".
