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MADRID, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha afirmado este viernes en el Senado y en presencia de los representantes de las principales instituciones del Estado, que está "perpleja" ante la "constante" subida del precio de la luz y ha advertido de que tendrá entre sus prioridades vigilar la imposición de tasas al consumo doméstico de energía solar.
"En cuanto a las energías alternativas, hasta ahora podíamos captar los rayos del sol para fija el calcio sin tasa alguna, ahora, tras haberlas fomentado durante años, habrá que pagar por captar esos mismos rayos para consumo doméstico", ha señalado Becerril durante el acto institucional de conmemoración del trigésimo aniversario del Defensor del Pueblo.
Tras repasar algunos de los hitos en la historia de la Alta Institución, Becerril se ha remitido al presente para afirmar que "el campo de la energía y el de las telecomunicaciones serán algunas de las prioridades en un futuro inmediato". "La primera, porque los consumidores estamos perplejos ante la subida constante de precios pese a la libre competencia", ha añadido.
En cuanto a las telecomunicaciones, "sector en manos privadas pero servicio de interés general", ha señalado que estará "muy atenta a abusos en contratos, dificultades en cambio de operadores, respeto a los derechos de propiedad intelectual, intromisión en el derecho a la intimidad o a la protección de los menores",.
Sobre sus "quehaceres" diarios, la Defensora del Pueblo ha afirmado que hoy "se centran en garantizar la viabilidad de los servicios asistenciales básicos que ofrecen Ayuntamientos y Comunidades Autónomas a personas dependientes o mayores", así como en la lucha contra la trata de personas con fines de explotación sexual en colaboración con Fiscalía y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Asimismo, se ha referido a los desahucios, para recordar que viene reclamando, por un lado, que las comunidades con viviendas vacías las saquen al mercado del alquiler y, por otro, la elaboración de una "ley de segunda oportunidad" que de alternativas a los deudores de buena fe.
"Las administraciones atienden los requerimientos, aunque deseamos e insistimos en mayor celeridad en sus respuestas y, por supuesto, en que nuestras recomendaciones o sugerencias sean cada vez más atendidas, porque están llenas de buen sentido y responden a inquietudes o problemas que pueden ser resueltos", ha dicho la Defensora.
En su opinión, "no se trata de pedir siempre mayores presupuestos", sino que muchas veces lo que se solicita es "mayor atención, mayor claridad hacia los usuarios, hacer frente a los compromisos adquiridos o no incurrir en promesas engañosas" como, según ha apuntado, "ha sucedido recientemente con algún producto financiero".
GARANTÍA DE LOS DERECHOS CIUDADANOS
A lo largo de su historia, la Alta Institución ha dado trámite a más de 655.000 expedientes de queja y ha elevado en consecuencia 3.300 recomendaciones a administraciones y organismos públicos de toda índole, de las que en torno a un 75 por ciento, conforme ha señalado, han sido escuchadas.
El acto institucional, que inaugura un seminario internacional sobre el Defensor del Pueblo que se prolongará toda la mañana con la celebración de dos mesas redondas en torno a su figura en el mundo, tiene lugar en el antiguo Salón de Plenos del Senado, donde han intervenido, además de Becerril, el presidente de la Cámara Alta, Pío García Escudero; el presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos y el presidente del Tribunal Supremo, Gonzalo Moliner.
Todos han coincidido en destacar la trayectoria y evolución en democracia de la institución del Defensor del Pueblo en España y su papel de garante de los derechos de los ciudadanos, ante actuaciones "desviadas" del sistema, en palabras de Moliner. Además, han puesto en valor sus aportaciones en la actualidad, con sus trabajos sobre asuntos de especial incidencia en crisis económica, como la vivienda.
"Los ciudadanos de nuestro país han contado y puede contar con la dedicación de quienes han integrado, integran y dirigen" el Defensor del Pueblo, ha señalado Moliner, para añadir que se trata de una institución "completamente reconocida por la ciudadanía y perfectamente integrada en la sociedad".
Pérez de los Cobos, por su parte, ha definido la Alta Institución como una "figura esencial para la garantía de los derechos y libertades de la ciudadanía" que "contribuye a la mejora del sistema jurídico" y de la administración de justicia. En este sentido, ha puesto en valor que ofrece "un cauce directo" a los ciudadanos "para expresar sus quejas y reaccionar ante la mala administración o la inoperancia de la misma".
Además, ha destacado su papel ante la capacidad que le reconoce la Constitución de presentar recursos ante el Tribunal Constitucional, potestad que ha ejercicio, en su opinión, con mesura. "Opera como una institución que se preocupa de los derechos y libertades y principios (...) que no han encontrado el respaldo de otros órganos legitimados ni han tenido acceso al Tribunal Constitucional por otras vías para obtener la protección que merecen", ha añadido.
Pío García Escudero se ha referido también a la cercanía de la Alta Institución, en tanto que permite una "fácil accesibilidad" con los "cauces directos, gratuitos y de mínima dificultad que ofrece a todos los ciudadanos". Para el presidente del Senado, se trata de un organismo que "sin estar dotado de poder coactivo", adquiere "su mayor fuerza" al "actuar con independencia y neutralidad, sin intereses partidistas", lo que le confiere una "autoridad moral" que se va consolidando con sus actuaciones.
