MADRID, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Defensora del Pueblo en funciones, María Luisa Cava de Llano, ha pedido en el Congreso la creación de una "autoridad moral" e "independiente" que vele por la adecuación de los contenidos televisivos a la población infantil especialmente durante los horarios de protección establecidos, y tenga competencias para hacer valer sus criterios.
Esta es una de las recomendaciones que la Alta Institución ha elevado fruto del informe encargado por la Oficina del Defensor del Pueblo a UNICEF 'Programación y contenidos de la televisión e internet: la opinión de los menores sobre la protección de los derechos', del que se desprende, entre otros datos, que más de la mitad de los chicos entre 12 y 18 años de edad creen que durante la franja protegida se ofrecen contenidos violentos y sexuales y que incitan a la anorexia, la bulimia, el consumo de alcohol o tabaco.
Según ha explicado Cava de Llano durante su comparecencia ante la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo, dado que las "tensiones y equilibrios" de las relaciones entre los medios de comunicación y las administraciones públicas se "verían alterados" con el ejercicio de funciones de control sobre la programación, procede la creación de otra autoridad.
"Debe encomendarse la tarea de protección a una autoridad independiente, neutral y plenamente autónoma desde el punto de vista funcional cuyas decisiones, compartidas o no, sean asumidas y acatadas en razón precisamente de quien las adopta", ha señalado, para incidir en que este "ente o institución" debe tener "criterios propios para determinar en cada caso si la programación respeta o no" la protección de la infancia.
Según ha señalado, dado que ampliar el horario de protección infantil implicaría "una restricción excesiva tanto para los prestadores del servicio de comunicación audiovisual como para el conjunto de consumidores", la institución hace un "llamamiento a la responsabilidad que corresponde", por un lado a "familias y educadores" sobre la supervisión del visionado en este horario y, por otro, a las autoridades competentes en la supervisión y control del cumplimiento de la normativa.
En esta línea, la Defensora ha instado "la inmediata puesta en marcha del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales" que ya contempla la Ley General de Comunicación Audiovisual, y que se proceda a la designación de sus miembros y la aprobación de su reglamento de régimen interior para que pueda entrar en funcionamiento, y ha solicitado que en las comunidades autómonas donde no existan, se creen autoridades audiovisuales independientes.
Según ha señalado, todo esto debe hacerse "sin perjuicio" de los códigos de autorregulación que pueden promover las cadenas de televisión, porque a su juicio "debe ser una pieza fundamental en la tarea de protección de los menores". No obstante, ha recordado que, según el estudio realizado, casi la mitad de estos chicos "considera que en las emisiones de televisión no se respetan los límites y criterios" recogidos en el código vigente.
Por ello, recomienda que "las autoridades audiovisuales y las demás competentes en la materia presten una atención especial al cumplimiento estricto y permanente de los crirterios y límites previstos en el Código de Autorregulación de Contenidos Televisivos e Infancia, ejercitando sus competencias en todos aquellos casos en que se aprecie infracción de los mismos".
Además, la Alta Institución apuesta por educar a los menores en el lenguaje audiovisual incorporando contenidos al respecto en sus estudios, así como insta a las administraciones públicas a emprender acciones formativas para evitar la brecha digital entre adultos y menores de modo que los primeros "dispongan de las habilidades necesarias para proporcionar a éstos protección efectiva" frente a los "riesgos derivados" del uso de internet.
MÁS CONTROL Y MÁS FORMACIÓN
En respuesta, los distintos grupos parlamentarios han puesto en valor el informe porque recoge la voz de los afectados y la importancia de proteger a los menores frente a contenidos inapropiados para ellos.
El diputado socialista Miguel Ángel Heredia ha expresado el compromiso de su formación para impulsar que se adopten medidas para garantizar las alertas visuales que advierten del tipo de contenido que se va a emitir y la senadora del PP, Begoña Contreras, ha incicido en la importancia de articular "campañas informativas, porque funcionan", así como pedir "un control adecuado" a los prestadores del servicio de Internet.
Por su parte, Montserrat Surroca, de CiU, ha apostado por una "armonización internacional" de la legislación en la materia, Entesa Catalana de Progrès ha defendido la idea de una autoridad audiovisual independiente siempre que tenga capacidad sancionadora y el Grupo Mixto ha destacado la necesidad de promover la formación en materia de audiovisuales.
