MADRID, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha recomendado al Ministerio de Empleo y Seguridad Social que se permita a los proveedores y prestatarios de servicios sociales que sean acreedores de las administraciones públicas aplazar el pago de cotizaciones sociales a la Seguridad Social.
Para ello, Becerril ha propuesto a Empleo que establezca mecanismos de aplazamiento en el pago de cotizaciones, libres de recargos e intereses de demora, a los proveedores o prestatarios de servicios sociales afectados por la morosidad pública.
En el caso de que se acredite que el nivel de deuda es tan elevado que pone en riesgo la continuidad de la labor de estas entidades, la Defensora del Pueblo solicite que el Gobierno acuerde una moratoria de pago hasta que las administraciones deudoras logren ponerse al día en los pagos.
El pasado mes de marzo, Becerril pidió al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que se priorizaran los pagos para gastos sociales de las administraciones públicas, especialmente a través de los mecanismos de liquidez, como el Fondo de Pago a Proveedores o el FLA.
En este sentido, la Defensora del Pueblo ha expresado su satisfacción por la aceptación de varias de esas recomendaciones, como el que la liquidación del IVA sea posterior al cobro efectivo de la factura, lo que empezará ya a aplicarse en 2014. No obstante, Becerril entiende que Hacienda debe ampliar esta medida a otros tributos y anticipar la aplicación de la misma.
"En la actual situación de crisis económica, las administraciones públicas están obligadas a evaluar con el máximo rigor su política presupuestaria y a dar prioridad a los gastos sociales aunque esto exija la reducción de otras partidas", subraya en un comunicado.
