Navarro precisa que la comunidad andaluza sufraga más del 60 por ciento de la financiación de la Ley de la Dependencia en Andalucía
SEVILLA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -
La consejera para la Igualdad y el Bienestar Social de la Junta de Andalucía, Micaela Navarro, reclamó hoy al Gobierno central que el reparto de fondos para la financiación de los servicios contemplados por la Ley de la Dependencia se haga en función de las personas "realmente atendidas" y no atendiendo a criterios de población o población potencialmente dependiente.
En declaraciones a los periodistas en Sevilla, Navarro dijo desconocer de que manera el plan de austeridad que llevará a cabo el Gobierno español puede afectar al desarrollo de la Ley de la Dependencia, pero sí hizo hincapié en que después de tres años de desarrollo de la normativa el reparto de fondos a las comunidades autónomas "no se puede hacer en función de la población, ni siquiera en función de las personas valoradas, sino bajo el criterio de las personas realmente atendidas".
Asimismo, la consejera desveló uno de los capítulos más opacos de la financiación de la ley, la aportación que hace la comunidad autónoma, que está obligada a confinanciarla con el Estado. Así, precisó que Andalucía sufraga el por más del 60 por ciento del coste total de los servicios de la Dependencia en Andalucía, mientras que el Gobierno central aporta aproximadamente el otro 40 por ciento.
Según recordó, el año pasado la Junta de Andalucía consiguió después de lograr el consenso del resto de los gobiernos de las CCAA que el reparto de fondos para financiar la Ley tuviera en cuenta en un 20 por ciento el número de personas valoradas en cada región. "Pero tres años después, no podemos seguir hablando de personas valoradas, sino atendidas", incidió.
Además, recordó que la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca) determina que el criterio de población sólo ha de tenerse en cuenta en un 30 por ciento y no ser, por lo tanto, el de mayor peso para establecer la distribución de fondos como ocurre actualmente.
Incluso fue más allá y pidió que a la hora de establecer el reparto de fondos también se tenga en cuenta qué tipos de recursos se están prestando en cada región, es decir, si son prestaciones de residencias, ayuda a domicilio o unidades de estancia diurna, o bien, son ayudas económicas, porque, según dijo, "no tiene el mismo coste para la CCAA, a pesar de que la aportación del Estado es la misma".
También apostó porque se valore el retorno de estas prestaciones, ya que hay recursos como la ayuda a domicilio --Andalucía acapara el 54 por ciento de la ayuda a domicilio que se presta en España-- que suponen un "gasto para la comunidad autónoma pero un retorno que va a para a las arcas del Estado".
DESCENSO DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS AL 45%
Además, insistió en que la mayoría de los servicios de la Ley de la Dependencia que se desarrollan en España se prestan en Andalucía, donde aseguró que "han bajado las ayudas económicas hasta un 45 por ciento", cuando es el recurso más demandado por las familias y reiteró la intención de la Junta de Andalucía de que se extiendan los servicios, ya que supone la "mejor forma de garantizar la atención especializada y también de generar empleo".
Así, consideró "gravísimo" que haya voces que digan que en Andalucía se está haciendo un nuevo PER, sobre todo, cuando hay CCAA en las que las ayudas económicas "superan el 80 por ciento".
En este sentido, destacó que "más de la mitad del empleo que la Ley de la Dependencia ha generado en España pertenece a Andalucía", según los datos del Imserso.
