Las autonomías ven insuficientes los 1.014 euros para financiar las plazas de residencia
MADRID, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Ministros dará mañana luz verde al real decreto que establecerá los baremos que usarán las comunidades autónomas para medir la gravedad de las personas que no pueden valerse por sí mismas y soliciten recibir una ayuda del Estado, en el marco del Sistema de la Dependencia.
Además, el ministro de Trabajo, Jesús Caldera, presentó esta tarde a los consejeros autonómicos el anteproyecto de Real Decreto sobre el nivel mínimo de protección y las aportaciones económicas que deberán realizar el Estado y las Comunidades para atender a los dependientes más graves (los primeros que se beneficiarán de la Ley). Las autonomías, con independencia de su color político, criticaron la financiación prevista al entender que queda por debajo del coste de la plaza residencial.
El Anteproyecto recoge una aportación de hasta 1.014 euros mensuales por persona, que deberán financiar a partes iguales el Gobierno y las Comunidades Autónomas. El consejero de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha, Tomás Mañas, reconoció que el Gobierno ha hecho "un gran esfuerzo" económico, si bien "el coste de las plazas residenciales es más de lo que se ha establecido". En el caso de su comunidad, la plaza cuesta una media de 1.450 euros al mes.
Esta apreciación fue compartida por otros socialistas como la consejera andaluza, Micaela Navarro, o su homólogo aragonés, Miguel Ferrer. Por parte de las comunidades del PP, la consejera de Asuntos Sociales madrileña, Beatriz Elorriaga, advirtió de que la financiación es "irrisoria" y "no se corresponde con el valor real".
Además, los 'populares' reclamaron al Gobierno un "aplazamiento" de la puesta en marcha del sistema, hasta que no se cuente con un acuerdo cerrado sobre las cuestiones pendientes: el copago, la intensidad de los servicios, los criterios de calidad de los centros o las prestaciones económicas. "El BOE aprobará los baremos en los próximos días, pero los ciudadanos no sabrán a qué tienen derecho", advirtió el director general de Asuntos Sociales en Castilla y León, Antonio Saez.
En nombre del Gobierno, la secretaria de Estado de Servicios Sociales, Amparo Valcarce, rechazó estas críticas e instó a las autonomías a "cumplir su compromiso" presupuestario, de acuerdo con sus competencias en la materia.
Valcarce subrayó que la financiación está contemplada en la memoria económica de la Ley (aprobada con el respaldo de todos los partidos, salvo CiU y PNV) y en los Presupuestos Generales del Estado. "Si una comunidad autónoma lo estima conveniente puede añadir financiación adicional", aseveró instando a estas administraciones a "cumplir su compromiso".
En cualquier caso, aseguró que "el Gobierno ha puesto en marcha todos los mecanismos para que los ciudadanos puedan solicitar ser valorados y una vez que esto ocurra puedan disfrutar a los derechos a las prestaciones y servicios que les garantice la ley".
LA PROPUESTA DE COPAGO.
En lo que se refiere al copago (uno de los aspectos pendientes que se negociará la semana próxima), la propuesta del Gobierno es que la aportación de los usuarios será nula en el caso de las personas con rentas de menos de 6.000 euros al año, mientras que los que ingresen más de 60.000 deberán afrontar un copago del 90 por ciento.
La capacidad de los usuarios se determinará en función a la renta y al patrimonio. A la hora de determinar el patrimonio no se tendrá en cuenta la vivienda habitual, a no ser que el beneficiario deba ser internado en una residencia.
La participación del beneficiario en el coste de los servicios se regulará por las comunidades y ciudades autónomas. la propuesta del Gobierno establece un intervalo del 27 al 33 por ciento, y del 18 al 22 por ciento cuando el beneficiario recibe solo servicios asistenciales y continua residiendo en su domicilio.
