Caldera asegura a las autonomías que el Gobierno aumentará el presupuesto "en más del doble" el próximo año
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MADRID, 9 May. (EUROPA PRESS) -
El Consejo Territorial de la Dependencia aprobó esta tarde los servicios y prestaciones que recibirán las personas en esta situación, así como los mecanismos de financiación del sistema, con el respaldo de la mayoría de las comunidades autónomas, salvo las del Partido Popular y el País Vasco, esta última por cuestiones económicas relacionadas con el cupo.
De esta manera, el Gobierno da por completado el desarrollo reglamentario de la Ley, por lo que las personas dependientes (unas 200.000 en situación más grave) podrán empezar a percibir las prestaciones económicas o los servicios de atención (centros de día, noche, residencias, atención a domicilio o teleasistencia) cuando sean evaluados por sus autonomías. Algunas de ellas, como Asturias, esperan dar arranque al sistema el próximo mes de junio.
El Gobierno sacó adelante su propuesta de prestaciones económicas que para los casos más graves serán de 780 euros para costear servicios en el mercado privado; 561 euros para los cuidadores familiares y 780 euros para la contratación de un asistente personal.
En cuanto a la coparticipación de los beneficiarios, las comunidades autónomas deberán aplicar, por el momento, el copago que utilizan en sus servicios sociales, dado que no se ha alcanzado un acuerdo en esta materia.
El Consejo Territorial también acordó una inversión adicional de 220 millones de euros y su reparto por comunidades autónomas, en concepto de convenios para el desarrollo del sistema. Las autonomías deberán aportar otro tanto.
Las comunidades autónomas que reciben una mayor aportación son Andalucía (36,2 millones de euros), Cataluña (32,3) Madrid (23,4), Comunidad Valenciana (21,2), Galicia (18,7) y Castilla y León (17,8).
En el resto de las autonomías, el reparto fue el siguiente: Aragón (8,3 millones), Asturias (7,1), Baleares (4,4), Canarias (7,7), Cantabria (3,3), Castilla-La Mancha (11,6), Extremadura (6,6), Murcia (5,8), Navarra (3,2), País Vasco (9,5), La Rioja (1,6), Ceuta (266.657 euros) y Melilla (249.418).
En esta distribución se han tenido en cuenta criterios como el número de personas mayores, discapacitados, la estimación de grandes dependientes, la superficie o la insularidad. Además, de los 220 se han distribuido según el nivel de renta para compensar a las comunidades con menor riqueza.
La consejera de Servicios Sociales de Andalucía, Micaela Navarro, aseguró que el ministro de Trabajo, Jesús Caldera se ha comprometido a incrementar el presupuesto para el próximo años "en más del doble".
COMUNIDADES DEL PP "CLARAMENTE PERJUDICADAS".
Por su parte, las autonomías del PP votaron en contra al verse "claramente perjudicadas" en esta distribución de crédito, tal y como explicó la consejera madrileña Beatriz Elorriaga. Los 'populares' creen que el reparto provoca un "desequilibrio territorial" y esperan que el Gobierno rectifique. De lo contrario, amenazan con recurrir a sus servicios jurídicos.
Desde la comunidad autónoma de Murcia, su director general de Servicios Sociales, Miguel Ángel Miralles, advierte de que se crearán "17 sistemas de dependencia diferentes". Además, considera que las ayudas para la contratación darán lugar a la creación de "empleo subterráneo".
Por su parte, la secretaria de Estado de Servicios Sociales, Familia y Discapacidad, Amparo Valcarce, se felicitó por el acuerdo alcanzado en el Consejo y acusó a las autonomías del PP de "jugar a la contra" y de "poner palos a las ruedas" del sistema. En este sentido, instó a los ciudadanos a "tomar nota", porque tienen derecho a beneficiarse del sistema de la dependencia "desde ya".
"Los ciudadanos deben saber que hoy se ha completado del sistema de dependencia y que Gobierno y comunidades autónomas han acordado el marco de cooperación, las intensidades de los servicios y las prestaciones económicas", destacó.
Valcarce criticó la postura del PP y advirtió de que "en democracia los acuerdos se toman por mayoría". "Y el Gobierno lo tiene", apostilló. Además, apuntó que los criterios de distribución de fondos se han determinado de acuerdo al sistema de financiación autonómica vigente.
