Denuncian que Madrid ha desarrollado una estrategia para no realizar gasto e incluso ahorrar dinero que antes invertía
MADRID, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Comunidad de Madrid ocupa el último lugar de España en la implantación de la Ley de Dependencia, pues no llegan al 1 por ciento las solicitudes tramitadas, frente a la media nacional del 2,5, según los datos oficiales de enero de 2010 del Sistema de atención a la dependencia del Ministerio de Asuntos Sociales, en base a la información proporcionada por la propia Consejería.
Según estas cifras, dadas a conocer hoy por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, los solicitantes acumulados en 2009 son 61.000, un 0,96 por ciento de la población, mientras que en España ascienden a 1.141.000 (2,44 por ciento). Sin embargo, la tramitación se ha visto aligerada de manera "frenética" en diciembre, pues sólo en ese mes Madrid tramitó 12.578 solicitudes nuevas y 12.579 dictámenes de grado y nivel, al tiempo que reconoció el derecho a percibir prestación o servicio a 8.602 personas y realizó el PIA a 3.757, lo que equivale el total de los 11 meses anteriores del mismo año juntos.
Asimismo, las personas con derecho reconocido a la espera de recibir servicio o prestación eran en diciembre pasado 23.083, mientras que las personas con PIAS elaborados, que en el caso de la Comunidad no se puede saber si ya tienen el servicio o prestación, es de 26.287, un 0,4 por ciento de la población de Madrid frente al 1% de media estatal.
Por otra parte, la Asociación denuncia que dado que el 60 por ciento de personas en situación de dependencia en Madrid se encuentra en una residencia, muchas de ellas antes de la aplicación de la Ley, el Gobierno regional ha saturado el "traspaso" de residentes y no puede seguir haciendo "caja" a costa de colocar nuevos residentes en el sistema de la dependencia.
En este sentido, apunta que la subida considerable de prestaciones económicas y del servicio de ayuda a domicilio anunciado por la Comunidad apunta a un traspaso similar al de las residencias: "los que son dependientes que los financie la Ley y los que no, que los financien los ayuntamientos, con el consiguiente ahorro de las aportaciones de la Comunidad de Madrid", critica.
A su juicio, de esto se deduce que la aplicación y el desarrollo de la Ley de la Dependencia en Madrid es "muy deficiente" y que se ha limitado a "traspasar" a sus "clientes dependientes" ya atendidos en el sistema de Servicios Sociales. "Madrid ha desarrollado una estrategia para no tener que realizar gasto e incluso hacer caja ahorrando dinero del que estaba invirtiendo", plantean estos especialistas.
"La irresponsabilidad, insensatez y la insensibilidad del gobierno de Esperanza Aguirre para con las personas dependientes muestran datos y plazos bochornosos y vergonzantes en la aplicación de la Ley de la Dependencia que justificarían la dimisión de cualquier cargo incluido ella misma", manifiesta el presidente de la Asociación, José Manuel Ramírez, para quien "son más de 40.000 razones, una por cada dependiente madrileño sin atención".
"Y no hay justificación, ni excusas ya que otras comunidades autónomas, incluso del mismo partido, son eficaces a la hora de gestionar los recursos y los nuevos derechos reconocidos.
Por otra parte, considera que la privatización del acceso, la valoración y la prescripción del recurso es una "desfachatez" ya que es potestad de los trabajadores de las administraciones públicas garantizar la igualdad en el acceso y el control de las prescripciones, según establece la Ley. "Así lo están haciendo todas las Comunidades Autónomas (menos una) y no por eso tienen paralizada la implantación de la Ley ni provoca la desesperanza de la dependencia madrileña", concluye.
