MADRID, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid vio hoy "vergonzoso" que la presidenta regional, Esperanza Aguirre, "responsabilice" a los funcionarios de su "boicot" a la aplicación de la Ley de Dependencia en la región.
Después de que la jefa dle Ejecutivo autonómico reconociera hoy que es "probable" que se tarde mucho tiempo en valorar el grado de Dependencia de los pacientes en la región porque lo tienen que hacer funcionarios y no empresas externas especializadas, la portavoz socialista de Familia y Asuntos Sociales en la Asamblea de Madrid, Pilar Sánchez Acera, lamentó que el grado de aplicación de la Ley de Dependencia en la Comunidad "siga siendo deficiente tras tres años de su aprobación en el Parlamento español".
"Este retraso en la Comunidad de Madrid no se debe a la actuación de los trabajadores públicos, que siguen las instrucciones de sus superiores, sino a una decisión política del Gobierno regional de retrasar la aplicación de la Ley de Dependencia", afirmó Sánchez Acera, que indicó que "no fue hasta mayo de 2008 que la Comunidad de Madrid aprobó la normativa económica para desarrollar esta ley en la región".
"De 200.000 personas que deberían haber sido valoradas en la Comunidad de Madrid --según cálculos de los socialistas-- sólo 26.000 de ellas tienen establecido el Programa Individual de Atención (PIA) pero muchas de ellas aún no reciben su prestación", afirmó la diputada, que apuntó que existe un "boicot" del Gobierno de Esperanza Aguirre a la aplicación de la Ley de Dependencia.
En este sentido, la diputada vio "absolutamente inmoral que la Comunidad no sólo no ponga en marcha la Ley plenamente, sino que lo poco que está haciendo lo haga a costa de reducir otros servicios sociales fundamentales, como la atención a mayores no dependientes".
A su juicio, es "incomprensible que una de las comunidades con mayor número de personas en situación de dependencia como es la de Madrid, haya estado ralentizando y paralizando la efectividad de esta ley".
"Los únicos perjudicados han sido los dependientes madrileños y sus familias, mientras el Gobierno Aguirre ha estado recibiendo las cantidades económicas que el Estado tiene destinado para Madrid por este concepto, que han superado con creces los 40 millones de euros que dice Aguirre, ya que el año pasado Madrid recibió más de 100 millones", defendió la parlamentaria.
"Si contaran con la ayuda de los ayuntamientos tendrían en seis meses, tal como hemos planteado los socialistas, la aplicación de la ley en cada caso", concluyó.
