Denuncian los incumplimientos de las rutas recogidas en la huella acústica y piden sanciones más graves a las compañías
MADRID, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -
Los ayuntamientos de San Fernando de Henares, Coslada, Algete y Torrejón de Ardoz acudieron hoy a la Comisión de Fomento celebrada en el Congreso de los Diputados para defender, en su mayoría, su rechazo a la reforma de la Ley de Navegación Aérea, exigir su retirada y anunciar, en el caso de Algete, con acudir al Tribunal Constitucional si la ley sale adelante en los términos actuales la próxima semana, tal y como se espera si no hay sorpresas de última hora.
Después de que el PP condicionara la semana pasada su voto a favor con la comparecencia de los ayuntamientos afectados por el ruido de los aeropuertos españoles, cuatro de los municipios más cercanos a Barajas (también destacan Tres Cantos o San Sebastián de los Reyes) subrayaron la necesidad de respetar las rutas establecidas en las huellas acústicas y de sancionar de forma más contundente a aquellas compañías que se las saltan simplemente por "ahorrar combustible".
Una de las intervenciones más duras fue la de la alcaldesa de Algete, Inmaculada Juárez (PP), quien lamentó que nadie desde el Ministerio de Fomento, AENA o Aviación Civil haya citado antes a los ayuntamientos y a los afectados para acometer una reforma de este "calado". "Con esta actuación ha quedado claro que el Ministerio y el Grupo Socialista no tienen la conciencia tranquila ante este Proyecto de Ley", apuntó.
Así, consideró que lo que se tenía que haber hecho desde el principio es crear una mesa de trabajo con todos los implicados para lograr un texto de consenso que "hiciera compatible la sostenibilidad de la navegación aérea con los derechos de las personas afectadas, de los agentes económicos y el evidente interés nacional que suponen los aeropuertos", indicó Juárez recalcando que en ningún momento su Ayuntamiento ha abogado por el cierre de Barajas.
De hecho, señaló que si la reforma de la Ley se hubiera hecho de la manera que ella propone, hoy habría una nueva Ley y no el texto que ahora se debate, que, a su juicio, y por los "oídos sordos de los responsables de AENA y de Fomento", es "inconstitucional, injusto, técnicamente malo y por tanto inane". "Evidentemente esta ley, si sale adelante en estos términos, será recurrida ante el Tribunal Constitucional", subrayó.
Y todo el problema, según la alcaldesa, viene porque AENA no quiere cumplir una sentencia del Tribunal Supremo que obliga a reducir el número de vuelos de Barajas sobre una urbanización de su municipio, Ciudad Santo Domingo. "Las sentencias judiciales hay que ejecutarlas sin excusas y sin demoras ya que son las únicas garantías que tenemos contra los atropellos en un Estado de Derecho", manifestó.
TORREJÓN NI SIQUIERA ESTÁ EN EL MAPA.
En la misma línea se mantuvo el alcalde de Torrejón de Ardoz, Pedro Rollán (PP), quien señaló que su municipio, aunque está excluido del mapa del ruido y de la huella acústica, sufrió sólo en el tercer trimestre del año pasado el sobrevuelo de 20.000 aviones que se dirigían o salían de Barajas. De hecho, indicó que de éstos, 2.853 superaron los límites de ruidos establecidos, lo que significa "más de un 15% de media en los últimos tres meses, llegando al 25% en el mes de diciembre". Asimismo, destacó que de los vuelos que incumplieron la normativa, cerca de 200 superaron los 100 decibelios, "un límite lesivo para el ser humano".
Rollán, que no entiende "las prisas" del Gobierno por aprobar la nueva reforma cuando ha tenido "cinco años" y que lo achaca al no cumplimiento de la sentencia del TS, exigió que se cumplan las trayectorias, las servidumbres de paso y las rutas de los aviones, tal y como establece el mapa de ruido y la actualización de la huella acústica aprobados. "Pido que se garanticen el cumplimiento de estas rutas imponiendo duras sanciones y medidas coercitivas para que esto se lleve a cabo", apuntó.
También solicitó que se reduzcan progresivamente el número de operaciones nocturnas en Barajas hasta proceder a su cierre entre las 23 y las 7 horas, "al igual que sucede en otros aeropuertos de Europa, ya que el ruido que generan los aviones impiden el derecho al descanso de los vecinos de Torrejón de Ardoz y de los 700.000 habitantes que viven en los municipios cercanos al aeropuerto de Madrid-Barajas".
SOBREVUELOS A 600 METROS DE ALTURA.
Julio Setién (IU), el alcalde de uno de los municipios madrileños más afectados, San Fernando de Henares, intervino en la comisión para explicar cómo, a pesar de que no hay rutas establecidas que pasan por el casco urbano, cada año "cientos de aviones al año sobrevuelan a 600 metros de altura" sometiendo a los ciudadanos "a una tremenda lesión sonora". De hecho, añadió que en los últimos 15 días, han pasado más de 60, que sobrevuelan a un kilómetro de distancia al oeste de la ruta que deberían estar siguiendo.
"No tenemos noticia de la sanción impuesta o expediente abierto por esto", indicó Setién, quien aseguró que no han encontrado colaboración de AENA en este sentido. Asimismo, criticó que con la reforma se permita ampliar las servidumbres porque se quiere aumentar "de forma brutal el número de vuelos", un porcentaje "tan alto" que es como si ahora se abriera otra pista más. "Se podría recoger que se pudieran decrementar las servidumbres", añadió en este sentido.
Siguiendo su discurso de las últimas semanas, el alcalde propuso que se tengan en cuenta a los dueños, ocupantes, a las personas y trabajadores de los servicios de las zonas afectadas; y en el caso de que se creen comisiones mixtas, que su composición sea como la de la comisión de seguimiento de Barajas, "que funciona con todos los ayuntamientos afectados por la huella del ruido y no con uno en representación de todos".
Por su parte, el alcalde de Coslada, Ángel Viveros (PSOE), fue uno de los más benevolentes con AENA y el Ministerio de Fomento durante su intervención, pues si bien explicó que el barrio de la Estación es el más afectado y que siempre persigue defender el bienestar de sus vecinos y tratar de conseguir lo mejor de la calidad de vida para ello, apuntó que la reforma es "un paso adelante" y una "inmejorable oportunidad" para dar respuesta a sus demandas.
En su opinión, todo lo relacionado con el Aeropuerto de Barajas presenta una "notable incidencia" en el municipio madrileño y, por lo tanto, todo lo que afecte a su futuro, "preocupa" al Ayuntamiento de Coslada en la medida de que también es su futuro, recordó Viveros, quien destacó que muchos de los vecinos son trabajadores del aeródromo, y que parte de las empresas ubicadas en la localidad están dedicadas a la logística y al transporte, por la cercanía con Barajas.
Pese a su discurso más relajado, subrayó que hay picos de intensidad que no están definidos, y que, por lo tanto, no permiten recoger el impacto real de ruido. Por ello, solicitó ceñirse a la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) establecida), además del establecimiento de medidas correctoras para garantizar los derechos de los dueños de las empresas, usuarios, trabajadores y vecinos de los municipios afectados.
También abogó por incentivar el uso de las aeronaves "más modernas y menos ruidosas" con navegadores de precisión; por establecer por parte de las autoridades aeronáuticas un control más exhaustivo de las rutas y sancionar los incumplimientos; por fijar la participación directa de las corporaciones locales, establecer un fondo de compensación municipal para las zonas afectadas y la creación de un fondo ambiental dedicado a corregir los impactos ambientales. "Ha llegado el momento de que el consenso gane posiciones y deje en un lugar secundario el color político", concluyó.
