MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha planteado en el Congreso de los Diputados la creación de un grupo de estudio sobre el proyecto Castor, un almacén de gas natural situado en la costa valenciana y cuya actividad ha provocado más de 500 terremotos, además de pedir por segunda vez en una iniciativa en la Cámara su cierre.
Precisamente, esta misma semana la Comisión de Industria rechazó con los votos del PP y la abstención de UPyD, CiU y PNV, la propuesta presentada de revocar las autorizaciones del proyecto Castor, que sí apoyaron el PSOE, la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y el Grupo Mixto.
Los independentistas catalanes habían presentado una enmienda parcial al proyecto de Ley del Sector Eléctrico para incluir una nueva disposición con la que el Gobierno se comprometiera a "adoptar las medidas oportunas" para revocar las autorizaciones que posibilitan el desarrollo del proyecto de almacenamiento de gas Castor, situado frente a las costas de la Comunidad Valenciana.
Esquerra justifica estas peticiones en los "más de 500 terremotos" registrados en la zona y que, según la formación y las asociaciones ecologistas, se derivan de la inyección de gas en el almacenamiento. Por ello, también se reclamaba al Ejecutivo que "garantice plenamente la seguridad del territorio y de la ciudadanía".
En la proposición no de ley, ahora presentada, que ha sido recogida por Europa Press, vuelve a reclamar al Gobierno que adopte las medidas necesarias para que, sin coste alguno para las arcas públicas, se proceda al cese permanente de la actividad de las tres infraestructuras que integran el proyecto, establezca un plan y programe el desmantelamiento del proyecto cumpliendo con todas las garantías ambientales y de seguridad incluyendo la restauración.
Asimismo, plantea que se utilicen todos los mecanismos técnicos y jurídicos a su alcance para esclarecer las causas que han llevado al fin de la concesión depurando responsabilidades e impulsar las acciones necesarias para que el coste no recaiga en las arcas públicas, además de instar al Banco Europeo de Inversiones (BEI) y a la Comisión Europea a investigar los procedimientos, costes y el funcionamiento del proyecto y considerar la retirada de la inversión, entre otros puntos.
