MADRID, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -
La presidenta de la Subcomisión de violencia de género en el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) Filomena Peláez y la jueza y ex presidenta del Observatorio de Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Inmaculada Montalbán reivindican la extensión y consolidación de las Unidades de Valoración Forense Integral como las concibió la Ley de Violencia de Género para evitar asesinatos machistas en casos de mujeres que habían denunciado malos tratos.
Estas unidades deberían estar conformadas por al menos un médico forense, un psicólogo y un trabajador social a disposición de todos los juzgados especializados para evaluar el riesgo que un maltratador denunciado supone para su víctima y dar traslado al juez de sus conclusiones, a fin de que adopte la medida de protección para ella más adecuada a su situación. Diez años después, no están extendidas en todo el territorio nacional o no cuentan con el equipo multidisciplinar previsto.
"Ni siquiera existen en todas las provincias, cuando deberían estar en todos los juzgados. Una de las consecuencias de la falta de presupuesto para las medidas que contempla la Ley Integral es esta. En unas provincias se han puesto en marcha de forma muy paulatina, en otras no existen, en otras lo suple el Instituto de Medicina Legal", afirma Filomena Peláez.
La letrada incide en que "es necesario este informe exhaustivo" que no sólo ponga el acento, como hace el cuestionario policial, en el riesgo que la víctima percibe sobre sí misma, sino también en el agresor y en la realidad que envuelve a ambos. Sostiene que "no debería contentarse el juzgado con el informe que le ha dado la policía", porque debería "pedir uno más amplio, verlo y evaluarlo" para tomar una decisión sobre el modo de proteger a la mujer.
"Es un problema tremendo. Se ha hablado de la necesidad de revisar el cuestionario policial pero lo cierto es que este cuestionario es difícil, porque son unos ítems para formular preguntas a las víctimas, que están en un estado de shock, que en la mayoría de los casos no cuentan con un letrado y que pueden o minimizar la situación o no tener la perspectiva necesaria del alcance de su denuncia", explica la experta del CGAE.
En su opinión, el cuestionario de valoración policial debería ser por ello sólo "una primera valoración muy puntual", "sólo una punta de lanza para que luego se hiciera un informe más exhaustivo en la Unidad de Valoración Forense Integral, que deberían estar en funcionamiento desde el año 2004 y que están tardando mucho en implantarse".
En este sentido, recuerda que uno de los temas que se pusieron sobre la mesa la semana pasada en el V Congreso del Observatorio de Violencia Doméstica y de Género del CGPJ, institución de la que forma parte la Abogacía Española, fue precisamente la necesidad de trabajar sobre el maltratador. "Buena parte de la protección de la víctima depende de que pongamos el foco en el agresor", plantea.
FALTAN RECURSOS
La expresidenta de este organismo, la jueza Inmaculada Montalbán, retoma la cuestión de la falta de recursos. "Las Unidades de Valoración Forense están implantadas de manera muy desigual porque no en todas las provincias tienen los mismos componentes, no en todas hay un equipo multidisciplinar completo y sí que se ha comprobado que en determinadas localidades hay una acumulación de trabajo y se necesita ampliar la plantilla para emitir informes de valoración de riesgo en un tiempo corto, que es importante", explica.
En este sentido, recuerda que estas unidades están pensadas para emitir "un dictamen muy completo que analice tanto los factores de riesgo del agresor como el contexto en relación con la víctima y su ambiente familiar y social y eso en la práctica consume tiempo", por lo que algunos juzgados se sirven de una evaluación urgente realizada por el médico forense de guardia que complementa el diagnóstico hecho por la policía, aunque no todos las tienen.
Montalbán incide en que "todo lo que sean instrumentos para evitar el riesgo son positivos" y "por eso los de las Unidades de Valoración Forense son tan importantes, porque a diferencia de lo que ocurre con la evaluación policial, que atiende a la víctima, abarcan otros aspectos, como el agresor y su contexto social y familiar introduciendo distintos parámetros".
"Aquí lo que hay es que poner medios para que estos tres factores, la evaluación policial, la evaluación forense urgente y el dictamen completo de la Unidad de Valoración Forense Integral se complementen y se pueda aportar al juez una valoración lo más completa posible de los indicios que hay para poder calibrar la protección que necesita la víctima y hacerlo en un tiempo prudencial", explica.
