MADRID, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -
La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha presidido este miércoles una Conferencia Sectorial de Inmigración que ha estado marcada por la extinción presupuestaria del Fondo para la Integración, Acogida y Refuerzo Educativo de los Inmigrantes, la atención a los emigrantes retornados y la creación de un protocolo marco para la atención de los menores extranjeros no acompañados.
En la Sectorial, que a partir de ahora tratará también temas de Emigración, han participado la secretaria General del ramo, Marina del Corral; y consejeros autonómicos de Madrid, Andalucía, Asturias, Cataluña y Ceuta, mientras el resto de gobiernos regionales ha enviado directores generales al encuentro, que ha coincidido en fecha y hora con el Consejo Interterritorial de Sanidad.
Sobre el asunto presupuestario, tanto Andalucía como Cataluña han expresado su malestar a la ministra por el recorte, conforme después han explicado sus enviados en declaraciones a los medios. No en vano, el Fondo, que se ha venido reduciendo desde que alcanzara en la pasada Legislatura una dotación de 200 millones de euros, se ha quedado a cero para este curso.
El responsable andaluz de Justicia e Interior, Emilio de Llera, ha asegurado que su comunidad se enfrentará a "muy serios problemas" por la falta de fondos estatales para integración y ha avanzado que intentará obtener financiación europea. "Con el Gobierno ya no hay posibilidad de acuerdo", ha señalado.
Respecto a los emigrantes, Báñez ha presentado en la Conferencia el borrador de Real Decreto para redefinir la figura del Español Retornado que ya anunció su departamento el pasado mes de febrero y que aspira a clarificar y unificar los requisitos que se exigen en las distintas comunidades autónomas a quienes regresan para acceder a las prestaciones a las que tienen derecho.
"Nace con la ambición de articular un documento único que permita el acceso a todas las prestaciones relacionadas con el retorno de un español, sea cual sea la Administración responsable de las mismas", ha dicho Báñez, para explicar que la intención es colaborar con las autonomías "para que sea válido este certificado".
En declaraciones a los medios, Del Corral ha concretado la necesidad de adoptar esta medida como marco estatal a porque la normativa vigente puede permitir que se trate como emigrante retornado a un español que "nunca ha vivido en el país", y que en función de la comunidad autónoma de residencia, quien haya regresado tenga limitado su acceso a unas prestaciones u otras.
El Gobierno ha ofrecido asimismo a las comunidades autónomas un proyecto de protocolo para dar una respuesta integral a los menores extranjeros no acompañados que llegan a España o viven ya en el país. Este protocolo, pendiente de elaboración desde la aprobación en 2009 de la Ley de Extranjería, marcará las pautas que deben seguir las administraciones publicas desde la detección del menor hasta su documentación o deportación.
No obstante, Del Corral ha puntualizado que "no impondrá nada" a los gobiernos regionales, sino que ofrecerá instrucciones sobre "qué se debe hacer y quién debe hacerlo" ante situaciones como la determinación de la edad del menor, su derivación a servicios sociales o su tutela por parte de una comunidad autónoma. "Está aún en una fase muy embrionaria", ha añadido.
