Acusan a la Comunidad de Madrid de amparar las "agresiones" de antiabortistas contra mujeres y personal de las clínicas
MADRID, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -
Un total de 39 asociaciones feministas, organizaciones de la salud sexual y reproductiva y sindicatos solicitaron hoy al Gobierno que "sea valiente" y que "se posicione" entorno al debate sobre la reforma de la Ley del aborto, en el marco de la lectura de un manifiesto que este colectivo ha redactado, según declararon, "ante la alarma social generada por los grupos antiabortistas".
En su opinión, el Gobierno "ha zanjado recientemente la cuestión por miedo a los ultraconservadores", y añadieron que "es el momento de abordar el tema del aborto con decisión, al gual que se hizo, en su día, con el matrimonio homosexual".
Asimismo, esta plataforma anunció su intención de reunirse próximamente con el ministro de Sanidad, Bernat Soria; el secretario de Organización del PSOE, José Blanco; y con la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.
En esta línea, las representantes de los grupos convocantes, Alexa Segura y Justa Montero, pidieron que al Ejecutivo que "garantice el cumplimiento" de esta ley en la red sanitaria pública, así como "el derecho de las mujeres a decidir sobre su propia maternidad y cuerpo".
Asimismo reclamaron la retirada de esta práctica clínica del Código Penal, acompañada de medidas de educación sexual y de acceso a todos lo métodos anticonceptivos, "incluida la pídora de emergencia o píldora del día después", apuntaron.
Para estas mujeres, el material gráfico exhibido en algunos medios de comunicación para delatar la presunta práctica ilegal de abortos en clínicas, "pertenece a una campaña de manipulación de grupos fundamentalistas que tergiversan y falsean la realidad del aborto".
LA COMUNIDAD DE MADRID.
La plataforma de mujeres convocantes acusó al Gobierno de la Comunidad de Madrid y, en concreto, a la Consejería de Sanidad, de "subvencionar a todas asociaciones que amenazan y agreden a los profesionales del sector y a las mujeres que acuden a estos centros".
Respecto al cierre cautelar de dos clínicas en la región madrileña por presunta irregularidad administrativa, la plataforma feminista denunció que la consejería "no ha garantizado a las mujeres que tenían cita la asistencia en hospitales públicos, desinhibiéndose de esta responsabilidad".
Asimismo, denunciaron que la Comunidad de Madrid "dificulta no sólo el acceso de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo, sino al acceso de la sociedad a los métodos anticonceptivos".
