MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía de Sala Cordinadora de Medio Ambiente abrió en 2012 un total de 5.602 procedimientos judiciales de los que el 52 por ciento eran relativos a incendios forestales, según la Memoria Anual de la Fiscalía del pasado ejercicio.
Además, según la Memoria Anual de la Fiscalía, presentada con motivo de la apertura del año judicial, en 2012 se abrieron 522 procedimientos judiciales en Medio Ambiente; 892 de Ordenación del Territorio y Urbanismo; 696 en flora y fauna; 317 en Patrimonio Histórico y 504 relativos al maltrato de animales domésticos. De este modo, la memora destaca que se consolida la línea ascendente en procedimientos relativos a Incendios forestales y malos tratos a animales domésticos que ya habían comenzado en años anteriores.
Así, en 2012 se produjeron 799 sentencias condenatorias, de las que 39 eran en Medio Ambiente; 467 a ordenación de territorio y urbanismo; 16 a Patrimonio Histórico; 119 a Flora y Fauna; 115 a incendios forestales y 32 a malos tratos domésticos.
Por el contrario se dictaron 389 sentencias absolutorias, de las que 25 eran por delito contra los Recursos naturales y el medio ambiente; 248 por ordenación del territorio; ocho por delito contra el Patrimonio Histórico; 55 por delitos contra flora y fauna; 44 por incendio forestal y otras nueve por malos tratos a animales domésticos. Por su parte, el Tribunal Supremo dictó "una única resolución absolutoria" durante el pasado ejercicio.
Este equipo abrió diligencias informativas sobre una cacería de oso pardo cantábrico en Cervera de Pisuerga (Palencia); la captura de aves fringílidas mediante uso de liga; extracción ilegal de agua del acuífero 23 y su incidencia en Las Tablas de Daimiel; un informe relativo a una explotación agrícola; Doñaña, a raíz de un informe de WWF sobre competencia desleal de agricultores freseros en la zona; de malos tratos a animales domésticos y otro de comercio ilegal de gases contaminantes.
PLANTILLA EN AUMENTO
Asimismo, la memoria destaca que los fiscales que se dedican a esta materia ha ido "constantemente" en ascenso desde la creación de la especialidad de modo que en 2009 eran 126, mientras que en 2012 ejercen esta especialidad un total de 139 fiscales.
En cuanto a la plantilla de la unidad coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo, respecto a las tareas realizadas por el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil, se acordó en 2012 mantener una plantilla flexible de agentes, ya que han advertido que "puntualmente" puede ser necesario destinar más agentes.
Sin embargo, el documento revela que, el hecho de que continúe la crisis económica ha llevado a que se ponga de manifiesto que los medios personales y materiales de las fiscalías están "en una situación de grandes carencias, que se intenta subsanar con las mayores dosis de ingenio posibles. Por ejemplo, relata que la Fiscalía de Málaga califica la situación de "desastrosa", a pesar de que, "paradójicamente" es la que ha conseguido un mayor numero de sentencias condenatorias a lo largo de 2012.
Entre sus reclamaciones, numerosas secciones de medio ambiente de las fiscalías reclaman la necesidad de disponer de peritos especialistas en temas ambientales que son suplidos, generalmente por la existencia de la unidad técnica. Asimismo, estas secciones han recurrido a la colaboración de investigadores y docentes de universidades, a técnicos auxiliares de medio natural de administraciones públicas o organizaciones ecologistas. En este sentido, la memoria de Palencia propugna la necesidad de aumentar las reuniones con la administraciones competentes a las que se incorporen los grupos ecologistas.
Respecto a la organización interna, la memoria refleja una "interesante estabilidad por parte de las plantillas de los fiscales integrantes de la especialidad" lo que, según asevera la memoria de la sección de Las Palmas, es indicativo del "importante compromiso de los fiscales especialistas" que, por otro lado viven en una situación de "precariedad" en cuanto a equipos informáticos se refiere.
Otra de las quejas de los fiscales es que, pese al aumento de la colaboración en materia urbanística, es aún poca la colaboración de las autoridades locales. En León, sin embargo, se pone de manifestado el aumento de sensibilidad de los secretarios de ayuntamientos, que han denunciado incluso a alcaldes por irregularidades cometidas.
SEPRONA Y AGENTES FORESTALES LOABLES
La memoria dedica un capítulo especial a subrayar la "profesionalidad y bien hacer" de los miembros del SEPRONA así como el "loable voluntarismo y compromiso" del colectivo de agentes forestales o medioambientales, sobre todo en materia de incendios. Igualmente, señala que "cada vez es mayor la involucración" de la Policía Local y del Cuerpo Nacional de Policía, así como de las policías autonómicas de Navarra y del País Vasco.
Destaca también el caso de la Fiscalía de Huelva que relata el desmantelamiento de una red de agentes de medio ambiente corruptos que venían recibiendo sobornos de los propietarios de varias fincas en el área de Doñana, para no denunciar los cambios de uso y delitos en materia de ordenación del territorio cometidos en las mismas.
En el marco de la colaboración y esfuerzo, no solo de los fiscales sino de otras autoridades, administraciones y entidades sociales, la memoria anual de la Fiscalía elogia también, desde el informe de la Fiscalía de Huelva, el aumento de los supuestos de colaboración de las organizaciones ecologistas, con las que se intenta mantener un marco de cooperación leal y eficaz. En este contexto, destaca "sobre todo a WWF por su labor desempeñada en la protección del Parque Nacional de Doñana".
Desde otras secciones como Ávila, Tenerife, Las Palmas o Toledo, se menciona también la colaboración social, mientras que desde la de León se reseña la ligazón de un importante sector social con explotaciones mineras con una seria incidencia en el medio ambiente, lo que da lugar a "falta de sensibilidad de la población con el respeto a la naturaleza". También se quejan de que existe la sensación de que "quedan muchas cosas por hacer y actos delictivos sin perseguir por falta de colaboración ciudadana".
