MADRID, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -
La diputada de ICV, Laia Ortiz, ha insistido al Gobierno en pedirle que aclare si se va a dar el cierre definitivo a la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) o no, tras la incertidumbre creada sobre su futuro.
A pesar de haber emitido una orden ministerial de cierre el pasado 5 de julio y por la que se declara el cese definitivo de la explotación de la central nuclear de Santa María de Garoña, la diputada ecosocialista argumenta que es "el propio Gobierno" el que ha creado esa incertidumbre.
Así, apunta que son los medios de comunicación los que aseguran que el Gobierno está negociando con Nuclenor, empresa propietaria de la instalación atómica, "ciertos beneficios fiscales así como la posibilidad de la reapertura de la central".
Por ello, ha registrado una batería de 15 preguntas dirigidas al Gobierno, a las que ha tenido acceso Europa Press, en las que le cuestiona sobre si es cierto que el Gobierno estaría dispuesto a suavizar las tasas que paga la central por el combustible.
En caso afirmativo, quiere conocer si no le parece al Gobierno un trato de favor a Nuclenor, "además de una irresponsabilidad", después del segundo episodio de la polémica entre el titular de Industria y el de Hacienda sobre la próxima reforma eléctrica y quién va a asumir los costes de la tarifa.
Asimismo, quiere conocer si es cierto que el Gobierno estaría dispuesto a conceder una nueva licencia de explotación para que la central, ahora con una antigüedad de 42 años, pueda seguir operando hasta los 60 años, y si está negociando con Nuclenor la posibilidad de reapertura de Santa María de Garoña, y en tal caso, en qué términos.
Por otro lado, desea conocer si el Ejecutivo está trabajando en un decreto que establecería que la declaración de cese definitivo de una central podrá no ser definitiva hasta un año después si se produce por motivos económicos y con ello, le pregunta si es por esta razón por la que el Gobierno ha incluido por primera vez en una orden ministerial estos motivos como justificación de cierre, cuando nunca antes se había hecho.
En este contexto, duda de cómo Garoña y el Gobierno alegan criterios económicos para cerrar la planta si la retribución de la energía nuclear en España es un 60 por ciento mayor que la media europea y cuestiona los motivos por los que el Ejecutivo cree que la retribución de la energía nuclear en España es un 60 por ciento más cara que la media europea.
"¿Cómo puede ser que Nuclenor reclamara en 2010 ante el Tribunal Supremo una indemnización de 950 millones de euros por el lucro cesante, y ahora afirmen que su explotación no es rentable y que perdieron 133 millones de euros en 2012?", insiste en su planteamiento.
