VALENCIA, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -
El conseller de Sanidad de la Generalitat Valenciana, Luis Rosado, ha aclarado este miércoles que la asistencia a inmigrantes irregulares que no dispongan de recursos no correrá a cargo de las ONG o de la beneficencia sino que la Generalitat suscribirá con estas entidades convenios para que las personas que se encuentren en esta situación y requieran de atención puedan ser asistidas "sin generar por ello un derecho a sanidad gratuita".
Así lo ha indicado en unas declaraciones transcritas facilitadas por la Conselleria de Sanidad, tras la reunión mantenida en Valladolid con la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, y consejeros de otros ocho comunidades autónomas.
Luis Rosado ha asegurado que todas las personas tienen garantizada la asistencia y que quienes no tengan derecho a cobertura sanitaria gratuita "se les deberá facturar por ello". Así, ha subrayado que se garantiza la asistencia sanitaria "a los menores y a las mujeres embarazadas, la prevención y control de enfermedades transmisibles a través de los programas de salud pública, así como los tratamientos de urgencia y el seguimiento de las enfermedades crónicas".
En el caso de la Comunitat Valenciana, ha apuntado que se suscribirán convenios "a través de programas sociales o de cooperación para que las personas irregulares y sin recursos, cuya situación sanitaria lo exija, puedan ser asistidas sin generar por ello un derecho a sanidad gratuita".
Por tanto, ha matizado que esta asistencia sanitaria "no correrá a cargo de las ONGs o de la beneficencia", sino que la Conselleria de Sanidad "establecerá los acuerdos pertinentes con estas organizaciones para canalizar cuáles son sus necesidades, como viene haciéndose actualmente en algunos casos".
Además, Rosado ha señalado que un aspecto importante de este Real Decreto es que, por primera vez, "todos los españoles y extranjeros con residencia legal en nuestro país tienen garantizado el derecho a la sanidad gratuita".
"NO ES CUESTIÓN DE AJUSTE ECONÓMICO"
En opinión del conseller, esta nueva regulación "no es una cuestión de ajuste económico sino de cumplir con el reglamento europeo y con las conclusiones del informe del Tribunal de Cuentas, y de garantizar el principio de reciprocidad en relación con el tratamiento que reciben los españoles fuera de nuestras fronteras".
