Actualizado 18/06/2010 10:03

La Gobernadora de Arizona, "sorprendida" y "enfadada" por la intención del Gobierno de impugnar su ley de inmigración


NUEVA YORK, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La gobernadora de Arizona, Jan Brewer, se ha declarado "sorprendida" y "enfadada" con la secretaria de Estado norteamericana, Hillary Clinton, después de unas declaraciones pronunciadas por ésta a una cadena ecuatoriana en las que afirmaba que el Gobierno impugnará la nueva ley de inmigración de Arizona, que muchos consideran racista al facilitar la detención y expulsión de extranjeros del estado.

Brewer manifestaba su enfado este jueves en un comunicado, no sólo por la intención del Ejecutivo de tratar de impugnar una ley sancionada por ella misma, y que está previsto entre en vigor en julio. También porque la gobernadora no tuvo conocimiento hasta este jueves del contenido de dicha entrevista, que tuvo lugar el pasado 8 de junio.

"El Departamento de Justicia, bajo su dirección, presentará una demanda contra la ley", afirmó Clinton en una entrevista a la cadena ecuatoriana NTN24, que tuvo lugar el pasado 8 de junio, y cuya transcripción fue colgada por el Departamento de Estado en su página web el día 14.

Por otro lado, el Departamento de Justicia afirmó este jueves a través de un portavoz que continúa estudiando la constitucionalidad de la ley.

"Saber de este intento de impugnación a través de una entrevista de la secretaria de Estado con una cadena ecuatoriana es simplemente escandaloso", afirmó Brewer en un comunicado recogido por la cadena CNN. "Si nuestro propio Gobierno intenta torpedear los esfuerzos de Arizona por combatir la inmigración ilegal, al menos podría informarnos a nosotros antes que a los ciudadanos de otro país", añadió.

La normativa, que se espera entre en vigor el próximo 29 de julio, ha sido considerada racista por la práctica totalidad de los gobiernos y organismos internacionales latinoamericanos, que la consideran enfocada exclusivamente contra la comunidad latina del estado, formada mayoritariamente por ciudadanos mexicanos.

Los defensores de la norma, sin embargo, sostienen que no está enfocada contra ninguna comunidad en concreto, sino que sólo busca combatir de forma eficaz la inmigración ilegal y el auge de la criminalidad en el estado, a la que culpan de los extranjeros.