Actualizado 17/12/2013 21:06

El Gobierno aprueba la prohibición de bombas de racimo

Pedro Morenés, ministro de Defensa
Foto: EUROPA PRESS

MADRID, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

   El Gobierno tiene previsto aprobar durante la reunión del Consejo de Ministros de este viernes una modificación de la actual Ley de Prohibición de Minas Antipersonal para prohibir las bombas de racimo.

   El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, presidirá este viernes en el Complejo de La Moncloa la reunión del Consejo de Ministros, que contará con la asistencia de todos los ministros a excepción de los titulares de Interior y Economía, que se encuentran en Roma (Italia) y Vilna (Lituania), respectivamente.

   De este modo, la actual Ley de Prohibición de Minas Antipersona, que data de octubre de 1998, será modificiada para incluir entre las municiones prohibidas las bombas de racimo, tras haber completado en 2009 la destrucción del arsenal de este tipo de municiones que tenían las Fuerzas Armadas.

   De este modo, se persigue incluir los nuevos compromisos adquiridos por España al adoptar la Convención sobre municiones de racimo y el Protocolo V sobre restos explosivos de guerra de la Convención sobre ciertas armas convencionales.

   La modificación afectará a "prácticamente" la totalidad de la Ley de 1998 porque "tiene por objetivo actualizar todo su articulado e incorporar en él referencias a las municiones de racimo y los restos explosivos de guerra, de acuerdo con las nuevas obligaciones asumidas por España al adoptar los instrumentos internacionales citados", según el Gobierno.

   Las municiones de racimo son municiones convencionales que han sido diseñadas para dispersar submuniciones explosivas, cada una de ellas de un peso inferior a 20 kilogramos.

   El actual ministro de Defensa, Pedro Morenés, fue consejero de una de las empresas españolas que fabricaba bombas de racimo, Instalaza, una compañía que, cuando el Gobierno decidió la destrucción del arsenal de las Fuerzas Armadas, le solicitó una compensación de 40 millones de euros en concepto de daño emergente y lucro cesante.

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