Foto: GOBIERNO
Espera movilizar entre 500.000 y 1 millón de m3 de madera con los montes de socios e incrementar la producción un 25 por ciento con varias medidas
MADRID, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno espera una disminución de las cargas administrativas y, por lo tanto de los medios personales, materiales y técnicos tanto en las comunidades autónomas como en la Administración General del Estado con la nueva Ley de Montes, al suprimirse los correspondientes registros de montes protectores autonómicos, creados con la ley vigente, de 2003.
Así consta en la memoria económica del proyecto de Ley de modificación de la Ley 43/2003 de Montes, a la que ha tenido acceso Europa Press, la nueva norma no supondría incremento del gasto público ni tampoco disminución de los ingresos públicos, porque no prevé nuevos elementos a financiar a cargo de los Presupuestos Generales del Estado.
Además, valora que el hecho de que las comunidades autónomas tengan que informar de los asientos al Registro Nacional de Montes Protectores "no deben suponer un aumento de la caga administrativa ni para las comunidades autónomas ni para el Ministerio" ya que todos estos registros existen.
Según el artículo 24 de la ley en vigor, las comunidades autónomas deberán informar al Ministerio de Medio Ambiente, al menos una vez al año, de la inclusión de montes en los registros de montes protectores.
Entre las novedades figura la creación del Registro Nacional de Cooperativas, Empresas e Industrias Forestales, al que las comunidades autónomas tendrán que informar de sus asientos. Según el Gobierno, este registro aglutinará toda la información del mismo modo que la Estadística Forestal Económica sin que se requieran mayores medios materiales o humanos.
La memoria económica del proyecto de ley contempla un aumento de la actividad económica a consecuencia de la aprobación de la nueva normativa y cree que esto incidirá "positivamente" sobre el presupuesto de ingresos públicos a medio plazo.
COMPLEMENTO ECONÓMICO PARA ZONAS RURALES
A nivel local, el documento estima que la ley, una vez aprobada tras su tramitación parlamentaria, tendrá un impacto ambiental positivo y redundará en una mayor gestión sostenible. Asimismo, considera que las mejoras de tipo económico en el entorno forestal y la componente social de las mismas es "muy importante", e incluso en las zonas donde la producción forestal no es determinante resultará un "complemento de renta muy importante para fijar población en zonas rurales".
Precisamente, señala que en las zonas actualmente semi-despobladas, la demanda de mano de obra forestal redundará en un crecimiento de la población y se reducirá el coste relativo de los servicios comunes de las comunidades rurales.
"ALIVIO" ADMINISTRATIVO
Por otro lado, sobre el impacto de las cargas administrativas, también se eliminan cargas inherentes a los aprovechamientos forestales con el permiso previo de corta, que con la nueva Ley se reemplaza por una "simple declaración responsable" si ya hay un plan de gestión aprobado. La memora valora que la nueva declaración responsable es un medio más sencillo y barato para los que comercian madera o productos derivados.
Por otro lado, el análisis económico también ve con buenos ojos el establecimiento de un registro nacional de infractores de caza y pesca, porque facilita conocer en las licencias de caza y pesca válidas en varias comunidades autónomas, los titulares que hayan sido sancionados en otra región diferente. A su juicio, esto redundará en "un alivio" de las cargas administrativas para el ciudadano y en una disminución de costes de las administraciones, que podrán optimizar los recursos humanos y materiales.
En la actualidad, en España se producen unos 15 millones de metros cúbicos anuales de madera, pero el crecimiento anual de madera es del doble, es decir, de unos 30 millones. Esta cifra es coincidente con la del consumo aparente de madera de los españoles. Por ello, el saldo de importación de madera es de unos 15 millones de metros cúbicos.
Esta falta de oferta se debe a razones tecnológicas y a que la mayor parte de la madera que no se extrae es por ser "antieconómico", lo que produce que en España haya una gran superficie forestal sin gestión, que la hace "económicamente improductiva".
Según cálculos de la memoria, el 88 por ciento de los 27 millones de hectáreas forestales del país las que no están explotadas. Con la nueva Ley, según apunta el informe, "se espera a medio plazo una mejora ambiental del territorio forestal, que es algo más de la mitad del territorio nacional".
CÁLCULOS CONCRETOS
En este sentido, con la nueva regulación calcula que los montes de socios pueden representar más de un millón y medio de hectáreas que, sin embargo, en la actualidad no están en producción, ya que el desconocimiento de sus propietarios impide que se gestionen.
Hasta ahora, era necesario encontrar al menos a diez propietarios, así como lograr la unanimidad de todos los conocidos para crear una junta gestora y esto, junto con el "desigual interés" de las comunidades autónomas, ha llevado a que esta figura no haya evitado el "abandono" de los montes.
Con la nueva ley, el Gobierno quiere que una vez entre en vigor, con que un solo propietario tenga iniciativa, se puede evitar el bloqueo de gestión de un monte. En lo económico, esto "significaría la movilización de entre 500.000 y 1.000.000 de metros cúbicos de madera que actualmente no se extraen por estos problemas de titularidad desconocida".
El documento analiza también otra medida para fomentar la movilización de los recursos forestales y abastecer un mercado nacional "deficitario" en madera así como la biomasa. Se trata de la simplificación de los procedimientos administrativos de autorizaciones de corta, mediante la agrupación de pequeñas parcelas para planificar 100.000 hectáreas en las áreas más productivas y que ahora no se gestionan. Así, calculan que esta medida puede generar un aumento de producción de entre tres y cuatro millones de metros cúbicos anuales, es decir un 25 por ciento de incremento en la producción.
Respecto a la biomasa, calcula que la producción sostenible extraíble asciende a unos 20 millones de toneladas anuales que se suman a los 200 millones de toneladas de biomasa forestal acumulada debido a la "infrautilización" de los últimos decenios.
El documento da dos alternativas, o que esta biomasa arda libremente en el monte mientras las administraciones invierten "cantidades substanciales" en impedirlo o bien, extraerla y llevarla a plantas donde arderá en condiciones controladas y proporcionando energía térmica.
"Tan solo utilizando la mitad de la biomasa disponible anualmente, es decir unos 10 millones de toneladas, equivalen a algo más de 5 millones deoneladas de pretróleo crudo que no habría que importar", concluye.
