ÁVILA, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -
Agentes medioambientales de la Junta de Castilla y León y miembros del Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil hallaron muertas por envenenamiento varias aves, entre ellas, dos águilas imperiales en las localidades abulenses de Riocabado y Pozanco.
En concreto, además de las dos águilas (Aquila adalberti), se encontraron un buitre negro (Aegypius monachus), un milano real (Milvus milvus) y un milano negro (Milvus migrans), todos ellos envenenados, según informaron a Europa Press fuentes del Gobierno regional, que afirmaron que la muerte de estos ejemplares supone un "grave caso" de envenenamiento de fauna.
Los levantamientos de estas especies catalogadas se produjeron en los últimos días en los términos municipales de Riocabado y Pozanco, en la provincia de Ávila, ante los avisos de localización de los animales muertos. Igualmente se han localizado cebos envenenados, por lo que presume que se trata de actuaciones intencionadas.
Durante la jornada de ayer se procedió a la recogida de muestras y pruebas en las zonas afectadas y se ha realizado un rastreo en el entorno de los lugares donde han aparecido los animales.
Los ejemplares muertos fueron recogidos aplicando el protocolo de venenos y se trasladaron al Centro de Recuperación de Animales Silvestres que la Junta de Castilla y León dispone en Valladolid para su análisis y determinación de las causas de la muerte.
Realizadas las correspondientes necropsias por el equipo veterinario del Centro se han confirmado las sospechas de que la causa de la muerte se produjo por envenenamiento, por lo que se enviarán muestras al Laboratorio Forense de Vida Silvestre de Madrid a fin de realizar un análisis toxicológico, para la determinación del agente del causante.
ESPECIE PROTEGIDA.
Según la Junta de Castilla y León, la muerte de estos ejemplares supone un hecho de "especial gravedad", dado que el águila imperial ibérica (Aquila adalberti) es una especie clasificada "en peligro de extinción" y se trata de la rapaz más amenazada del continente europeo y una de las cuatro aves de presas más escasas del planeta.
Su población mundial se sitúa entorno a las 250 parejas reproductoras localizadas todas ellas en la Península Ibérica, distribuidas en varias subpoblaciones con un nivel de intercambio de individuos escaso, algunas de ellas francamente aisladas. "Este tipo de distribución es típicamente inestable y paso previo habitual de los procesos de extinción", añade.
En la Comunidad de Castilla y León se encuentran las poblaciones más septentrionales de la península en la vertiente norte del Sistema Central en las provincias de Segovia y Ávila. El norte de ambas provincias constituye, como se esta viendo en los últimos años, un territorio en el que se está produciendo una importante expansión de la especie.
En este sentido, la Junta considera que hechos como el producido suponen un "importante golpe" para los objetivos de recuperación de la especie, cuando se estaban produciendo "avances importantes" en su recuperación, tras la aprobación del Plan de Recuperación por Decreto 114/2003 de la Junta de Castilla y León y de las medidas de gestión que se vienen aplicando durante hace más de 20 años.
Además, la Junta recordó que las consecuencias de los envenenamientos pueden ser "graves" no sólo para la fauna silvestre, sino que pueden verse afectados animales domésticos y personas con las consiguientes responsabilidades penales que llevan aparejadas, por ello esta previsto dar traslado al ministerio fiscal de los hechos mencionados para que se adopten las medidas oportunas.
La utilización de venenos y cebos envenenados está expresamente prohibida por la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León y la infracción de este precepto está considerada como falta muy grave, que lleva aparejada una sanción de multa de 3.903,88 a 78.077,48 euros (Decreto 65/2006, de 14 de septiembre, por el que se actualiza la cuantía de las sanciones a imponer por la comisión de las infracciones tipificadas en la Ley 4/1996).
Por otro lado, e independientemente de las sanciones a que hubiera lugar, la aparición repetida de venenos o la gravedad de sus consecuencias, habilita para que la Consejería de Medio Ambiente pueda establecer la veda total en una comarca en virtud de lo establecido en la citada Ley de Caza. La Consejería de Medio Ambiente está estudiando esta posibilidad para tratar de restablecer los equilibrios biológicos en la comarca.
Por último, el Gobierno regional agradeció la colaboración ciudadana en la detección de estos hechos y se solicitó la misma para tratar de esclarecer las responsabilidades a que pudieran dar lugar.
