MADRID, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Sri Lanka debe terminar con la detención arbitraria indefinida de más de 11.000 personas que mantiene retenidas en lo que las autoridades denominan centros de rehabilitación y liberar a los que no han sido acusados, según ha afirmado la organización defensora de los Derechos Humanos Human Rights Watch (HRW).
En el informe que publica la organización, y que se basa en entrevistas con las familias de los detenidos, con trabajadores humanitarios y con consejeros de Derechos Humanos, entre otros, señala que el Gobierno de Sri Lanka ha violado de manera rutinaria los derechos fundamentales de los detenidos.
Según las autoridades ceilandesas, los 11.000 detenidos son antiguos combatientes o seguidores de los rebeldes Tigres de Liberación de la tierra Tamil (LTTE), derrotados el año pasado tras una guerra civil que se alargó durante más de dos décadas.
"El gobierno mantiene en un limbo legal desde hace meses a 11.000 personas", según denunció el director para Asia de HRW, Brad Adams. "Es hora de identificar a quien represente una amenaza de seguridad auténtica y liberar al resto", añadió.
El Gobierno ha negado a los detenidos el derecho a estar informados de las razones específicas de su arresto, así como el acceso a los miembros de su familia y acceso a consejo legal, según HRW, quien afirma que no está claro si alguno de ellos ha sido acusado formalmente.
Aunque el Gobierno tiene el derecho y la responsabilidad para proteger la seguridad pública, también tienen que hacerlo de acuerdo con el respeto a los derechos básicos, indica HRW.
Durante los meses finales de la guerra civil entre el Gobierno ceilandés y el LTTE, el Gobierno confinó a casi 300.000 personas desplazadas por el conflicto en lo que el Gobierno denominó "campamentos de bienestar" en el norte del país.
Desde principios de 2008, prácticamente todos los civiles que huían del enfrentamiento habían sido confinados en estos campamentos. En los puestos de control y en los propios campos, las autoridades separaron a más de 11.000 civiles por presuntos vínculos con el LTTE, y los envió a "centros de rehabilitación". Más de 550 niños están entre las personas trasladadas a estos centros.
Mientras el Gobierno arguye que muchos de los detenidos se han rendido de manera voluntaria, la falta de acceso a los mismos por las agencias humanitarias y por observadores independientes, hacen que sea difícil saber cuántos pudieron rendirse de forma voluntaria y cuántos fueron arrestados.
La falta de transparencia en el proceso y de la información sobre el destino y paradero de algunos de los detenidos aumenta la preocupación por la posible tortura o maltrato bajo custodia, además de la posibilidad de que algunos hayan desaparecido de manera forzosa, según HRW.
Aunque el Gobierno ceilandés ha pedido a los donantes internacionales que den apoyo financiero a los "centros de rehabilitación", HRW asegura que los donantes no deberían apoyar estos centros a menos y hasta que los derechos de los detenidos se respeten totalmente.
"Debido a la ausencia de las garantías procesales adecuadas, apoyar a estos centros es apoyar la política de detención ilegal del Gobierno", indicó Adams. "Ningún donante debería estar asociado a esta situación", añadió.
