CÓRDOBA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -
Dos socios de una empresa de trabajo temporal (ETT), ubicada en Valencia y que gestionaba la explotación de una finca agrícola de Palma del Río (Córdoba) han sido imputados por explotación laboral de ciudadanos extranjeros en la recogida de la naranja.
Según informó la Policía Nacional en un comunicado, agentes del Cuerpo, junto a técnicos de la Inspección Provincial de Trabajo, desarrollaron días pasados una actuación conjunta en una finca del término municipal de Palma del Río a fin de comprobar las circunstancias en la que se encontraban trabajando un grupo de trabajadores extranjeros en la recogida de la naranja.
El origen del dispositivo policial establecido se produjo a finales del pasado mes de enero cuando agentes policiales venían realizando vigilancias y seguimientos a un individuo que se encargaba de recoger diariamente a un numeroso grupo de ciudadanos extranjeros para su traslado desde Córdoba a otras localidades de la provincia, concretamente a fincas en las que debían recoger naranjas.
Gracias a las vigilancias, se pudo determinar las condiciones laborales en las que estos ciudadanos realizaban el trabajo, acreditando desde el número de trabajadores que componían la cuadrilla, 18, hasta la constatación de que el objetivo era recolectar en torno a 1.200 cajas, aproximadamente, al día.
A fin de tratar de determinar si dichas personas se encontraban realizando su trabajo con todas las garantías que para ello exige la Ley se planificó una inspección conjunta con personal técnico de la Inspección Provincial de Trabajo de Córdoba, dando como resultado la detección de dos trabajadores que carecían de autorización administrativa para trabajar, resultando que incluso uno de ellos se encontraba en situación de estancia irregular en el país.
VULNERABAN EL CONVENIO SECTORIAL
Tras recibir en declaración voluntaria a varios de los trabajadores, pudo averiguarse que las condiciones de trabajo vulneraban el convenio sectorial agrario vigente en Córdoba, tanto por el número de horas que debían trabajar, por el número de trabajadores que componían la cuadrilla, lo que obligaba a realizar mayor trabajo para recibir la misma cantidad de dinero, como por otras condiciones relacionadas con el alojamiento y transporte a los lugares de trabajo.
Los dos socios de la ETT que gestionaba la explotación de la finca agrícola, ubicada en Valencia, fueron citados como imputados en dependencias policiales, donde prestaron declaración sobre los hechos, aportando documentación que se encuentra en estudio, quedando posteriormente en libertad con cargos, con las advertencias legales de comparecer ante la autoridad judicial cuando sean citados.
Igualmente se actuó con el encargado de la cuadrilla, de nacionalidad ecuatoriana, responsable de la selección y contratación de trabajadores, quien al parecer cobraba una cantidad a los trabajadores por transportarlos al 'tajo' en vehículos de su propiedad.
Las diligencias policiales instruidas han sido remitidas al Juzgado de Instrucción de guardia de la localidad de Posadas (Córdoba).
