NUEVA YORK, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -
El informe de 2009 sobre Derechos Humanos publicado este jueves por el Departamento de Estado estadounidense, que analiza esta cuestión en 194 países, denuncia "serias limitaciones a la libertad de expresión" en Cuba y el "acoso" al que someten las autoridades de Venezuela a ciertos medios de comunicación y periodistas.
"Las autoridades de Cuba se entrometieron en la intimidad" de las personas y realizaron una "supervisión omnipresente de las comunicaciones privadas", dice el informe. Además, indica que en la isla "no hay prensa autorizada aparte de los medios oficiales".
"Se niega (el derecho a) la reunión pacífica y (a) la asociación, hay restricciones a la libertad de credo y se niega el reconocimiento de los grupos de Derechos Humanos y los periodistas independientes locales ni se les permite funcionar legalmente", afirma.
Asimismo, el estudio asegura que las autoridades cubanas no permitieron ninguna manifestación contra el Gobierno ni aprobaron ningún acto público convocado por grupos de Derechos Humanos.
"Mantuvieron encarcelados a numerosos líderes opositores de acuerdo con sentencias de hasta 25 años (de prisión) por realizar actividades políticas pacíficas y detuvieron a activistas durante cortos periodos de tiempo para impedir que acudieran a reuniones, manifestaciones o ceremonias", precisa.
Sin embargo, el informe reconoce que las Damas de Blanco, a pesar de ser una organización no autorizada, pudieron reunirse e ir a misa cada domingo para pedir la libertad para sus familiares encarcelados. Aun así, la organización ha dicho que, más allá de esto, "sus actividades fueron perturbadas en varias ocasiones".
Por otro lado, el texto cita el caso de un prominente bloguero y un colega suyo que "fueron detenidos y golpeados de camino a una manifestación pacífica".
MEDIOS VENEZOLANOS "ACOSADOS"
Sobre Venezuela, el Departamento de Estado afirma que "responsables gubernamentales, incluido el presidente, utilizaron los medios de comunicación controlados por el Gobierno para acusar a propietarios de medios privados y a reporteros de fomentar campañas antigubernamentales de desestabilización e intentos de golpes de Estado".
Además, algunos dirigentes "acosaron activamente" a canales de televisión privados y favorables a la oposición y a distintos medios de comunicación y periodistas "mediante sanciones administrativas, multas y amenazas de cierre para impedir o responder a lo que veían como críticas al Gobierno", señala.
En este contexto cita el "acoso" sufrido por Globovisión, la principal cadena de televisión privada, el cierre de 32 emisoras de radio y dos canales de televisión y la amenaza de cierre de otras 29 emisoras de radio. "Un organismo de control local informó de que a lo largo del año 191 periodistas fueron atacados o se violaron sus derechos individuales", agrega.
Por otra parte, indica que varias ONG "expresaron su preocupación por la discriminación política o el despido de funcionarios cuyas opiniones diferían de las del Gobierno", y algunos grupos privados también "alegaron que el Gobierno persiguió a 45 personas como 'objetivos políticos' a través de varios medios legales y administrativos".
Igualmente, recuerda que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció recientemente "una preocupante tendencia a castigar, intimidar y atacar a individuos como represalia por expresar disensión respecto a la política oficial".
