El perfil más frecuente de trata en España es una mujer, de 20 a 32 años, de nacionalidad rumana y en situación administrativa regular
MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han realizado 1.237 inspecciones en lugares donde se ejerce la prostitución y han detectado que 7.114 personas se encuentran en situación de riesgo de trata con fines de explotación sexual, en su mayoría, mujeres, según ha avanzado el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en la primera reunión que la Comisión de Igualdad del Consejo de Europa celebra en Madrid, que se celebra este lunes y martes en el Congreso.
Por continentes, Fernández Díaz ha señalado que América y Europa destacan como el principal origen de las personas en riesgo. Por nacionalidades, encabeza la lista Rumania, con el 36 por ciento; seguido de la República Dominicana, con el 13 por ciento; España, con el 12 por ciento; y finalmente Brasil, con el 11 por ciento, según ha detallado.
Por edad, el titular de Interior ha subrayado que el perfil más frecuente es una mujer, de 20 a 32 años, de nacionalidad rumana y en situación administrativa regular, es decir, que reside habitualmente en España.
En relación con la actividad policial, se han instruido en el primer semestre de este año 145 atestados policiales por actividades realizadas con trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Además, ha señalado que se han desarticulado 31 grupos criminales, de los que 14 estaban vinculados con la trata, así como diez grupos y tres organizaciones relacionadas con la explotación sexual.
Es más, ha indicado que han sido detenidas 446 personas, en su gran mayoría hombres, 156 por trata y 290 por explotación sexual. En concreto, de los detenidos, el 37 por ciento proceden de Rumania; el 24 por ciento de España, mientras que el 19 por ciento son nigerianos. "Se han identificado 629 víctimas, en mayor medida mujeres, de las que 127 fueron por trata y 502 por explotación sexual", ha especificado.
Entre las víctimas de trata, casi la mitad, el 47 por ciento, procede de Rumanía, mientras que el 22 por ciento son de Paraguay, y de Nigeria el 10 por ciento. Sobre la procedencia de las víctimas de explotación sexual, el 25 por ciento procede de Rumania, el 17 por ciento de China y por último, el 11 por ciento, de Brasil. "El perfil más frecuente de víctima es mujer de 23 a 27 años de nacionalidad rumana. Esa sería la frecuencia más notoria", ha agregado.
Mientras que las víctimas de trata suelen estar en situación administrativa irregular, Fernández Díaz ha avisado de que las de explotación sexual se encuentran mayoritariamente en situación regular, es decir, residen legalmente en España. Entre ellas, se han identificado 12 víctimas menores de edad, según ha indicado.
REDUCCIÓN EN EL NÚMERO DE ORGANIZACIONES CRIMINALES
Si se comparan los datos de 2012 con 2011, el ministro ha destacado que se ha producido una reducción en el número de organizaciones criminales en los que ha actuado la policía, así como en el de detenidos. "Eso no revela una menor dedicación y eficacia policial, sino la creciente dificultad que las redes mafiosas encuentran en España para desarrollar su actividad", ha señalado.
Según ha subrayado, la trata de seres humanos con fines de explotación sexual se ha manifestado en la actualidad como "uno de los grandes negocios delictivos", sólo por detrás del tráfico de drogas.
En este sentido, ha puesto como ejemplo datos facilitados por la ONU, de los que se desprende que, en el caso concreto de España, se generan unos beneficios de más de cinco millones de dólares al día (3,7 millones de euros), y en todo el mundo supera los 30.000 millones de dólares al año. "Sólo en España más de 12.000 personas se ven afectadas por esta actuación delictiva del crimen organizado", añade.
A su juicio, se trata de una nueva forma de esclavitud que vulnera los derechos fundamentales de la persona, como el derecho a la libertad y a su dignidad, que rebaja al ser humano a la categoría de "mera mercancía".
REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DEL CONSEJO EUROPEO
Se trata de la primera vez que la Comisión de Igualdad y no Discriminación del Consejo de Europa se reúne en Madrid, y participa en unas jornadas organizadas en el Congreso de los Diputados, para tratar el derecho de las mujeres a vivir sin violencia. La clausura de las mismas se realizará este martes a cargo del secretario de Estado de Asuntos Sociales, Juan Manuel Moreno.
En nombre del presidente del Congreso, Jesús Posada, que se encuentra esta semana de viaje institucional en Panamá, la vicepresidenta primera, Celia Villalobos, se ha mostrado "preocupada" por los ataques sexuales que se han producido recientemente en la India o por la situación de la mujer en los países musulmanes, "que tienen que ir ocultas y son tratadas como objeto permanente de deseo".
EL CAMINO DE LA IGUALDAD
Este lunes también ha intervenido la delegada del Gobierno para la violencia de género, Blanca Hernández, quien ha subrayado que "el fin de la violencia pasa por la consecución de la igualdad entre hombres y mujeres y todo lo que se haga por conseguirlo redundará en el fin de la violencia contra las mujeres por el simple hecho de serlo".
Asimismo, ha resaltado que las mujeres mayores son las que menos denuncian, además de que las mujeres con discapacidad son de las que más riesgo tienen de sufrir violencia de estas características.
Junto con la lucha contra la violencia de género, la directora general del Instituto de la Mujer sobre Políticas de Igualdad, Carmen Plaza, ha señalado que entre las prioridades del Gobierno también se encuentra el empleo femenino, dado que la brecha salarial entre hombres y mujeres se corresponde con el 22 por ciento, al mismo tiempo que ha precisado que en España, "sólo el 33,4 por ciento de autónomos son mujeres".
La directora ejecutiva de Corporate Alliance contra la violencia doméstica, Melissa Morbeck, ha detallado por su parte que más de 38.000 millones de euros podría ser el coste de la violencia doméstica en Europa, al mismo tiempo que ha indicado que entre el 40 y 50 por ciento de las mujeres en la UE habían denunciado acoso en el trabajo.
En las jornadas han estado presentes miembros de la Comisión de igualdad del Congreso y del Senado, así como representantes de las principales organizaciones de mujeres, como Yolanda Besteiro de Mujeres Progresistas, o Ana María Pérez del Campo, de la Federación de Mujeres Separadas.
