MADRID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) ha pedido que el Pleno del Congreso respalde el cierre definitivo de los ocho Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), y mientras esto no suceda, no usar el internamiento como medida punitiva, poniendo fin a los controles "sistemáticos y arbitrarios" de documentación, a las detenciones "injustificadas" de extranjeros, así como las autorizaciones de internamiento de los mismos.
Se trata de dos peticiones recogidas en una moción, consecuencia de la interpelación que el pasado miércoles debatió el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, con el portavoz de la formación en la materia, Ricardo Sixto.
En aquel debate, Fernández Díaz anunció que el próximo 5 de julio iba a tener lugar una reunión en su departamento con responsables de la Comisión Europea a fin de obtener una financiación que permita aprobar el Reglamento de los CIE, ya que conlleva una serie de "reformas infraestructurales" que en la situación presupuestaria actual, no se pueden acometer.
En el marco del citado reglamento, la formación de izquierdas incluye en su moción que se incluya expresamente la prohibición de habilitar, aunque sea de manera provisional o por motivos de urgencia, establecimientos que no cumplan con los requisitos de habitabilidad o servicios mínimos con los que deben dotarse este tipo de centros.
Igualmente, reclama la regulación del acceso a la comunicación con el exterior, "que deberá ser garantizado" con la existencia de teléfonos públicos y con el libre acceso a los que sean de prioridad de los propios extranjeros internos.
Es más, quiere que se garantice la asistencia médica y social independiente de los centros, con libre acceso a la misma de los extranjeros internados, quienes asimismo exige que puedan acceder a los servicios de la sanidad pública y los servicios de asistencia social.
ACCESO A UNA SANIDAD PÚBLICA
Por otro lado, exige que se garantice el ejercicio del derecho a las visitas familiares y de quienes lo pidan a las personas internadas con compromisos concretos en cuanto a infraestructuras para que las mismas se efectúen en condiciones de dignidad e intimidad.
"Los horarios de visita deben tener en cuenta la conciliación familiar y laboral estableciéndose visitas en horarios de mañana y tarde. La comunicación de los letrados con sus clientes debe realizarse en lugares especialmente habilitados para preservar confidencialidad", puntualiza la petición de la Izquierda Plural.
Finalmente, exigen que se regulen mecanismos específicos para evitar malos tratos y torturas, entre otras medidas, con la instalación obligatoria de cámaras de grabación, garantizando el respeto a la intimidad, tanto en los propios CIE como en los desplazamientos del aeropuerto u otros lugares desde los que se ejecuten las expulsiones.
Previsiblemente, esta iniciativa se votará en el Pleno del Congreso del día 16 de julio, según confirmaron a Europa Press en fuentes parlamentarias, una sesión parlamentaria extraordinaria que tendrá lugar en el Senado puesto que el Congreso está en obras.
