MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) ha propuesto en el Congreso la elaboración de informes de riesgo sísmico obligatorios en las declaraciones de impacto ambiental, con el objetivo de evitar que se vuelva a repetir lo sucedido con el almacenamiento de gas Castor, donde se han registrado más de 380 temblores en la costa mediterránea, o el almacenamiento de gas en Doñana, y dar garantías de calidad ambiental y seguridad en el desarrollo de estos proyectos
Se trata de una de sus enmiendas parciales al proyecto de Ley de Evaluación Ambiental, a las que ha tenido acceso Europa Press, en la que plantea la adición de un nuevo artículo a la ley presentada por el Gobierno, por el que sea obligatorio que el promotor de un proyecto incluya un informe de riesgo sísmico en la declaración de impacto ambiental.
La portavoz de la Izquierda Plural en la materia, Laia Ortiz, quiere que estos informes se den en aquellos proyectos que afecten al subsuelo, incluidos los que hagan uso de la fractura hidráulica o el almacenamiento subterráneo de combustibles o de CO2, como en el caso del almacenamiento de gas Castor, así como en proyectos de centrales nucleares y almacenes de residuos nucleares.
En el caso Castor, Ortiz sostiene que el informe de impacto ambiental no incluía ningún tipo de informe de riesgo sísmico pese a realizarse el almacenamiento en una zona de fallas sísmicas, y pese a que la Generalitat de Cataluña y el Observatorio del Ebro así lo solicitaron.
En el caso de Doñana, dice que el Gobierno aprobó la Declaración de Impacto Ambiental sin conocer el riesgo sísmico asociado, pese a que podían afectar a las poblaciones cercanas, al acuífero y al espacio natural de Doñana.
De hecho, subraya que la DIA se limitaba a recomendar la realización de estudios complementarios para conocer el riesgo sobre actividad sísmica, pero nunca de manera previa a la aprobación de la misma. "La declaración de impacto ambiental debe tener en cuenta el riesgo sísmico, y en función del mismo (y del resto de parámetros) debe ser positiva o negativa.
Así, considera la evaluación del riesgo sísmico debe ser previa a la declaración de impacto ambiental, y no al revés. En caso de existir este riesgo sísmico, no se podrá autorizar en ningún caso los proyectos que lo generen", defiende en su enmienda.
Es más, sostiene que el órgano ambiental deberá consultar al IGME y al IGN, así como a los organismos científicos oficiales existentes, que actúen sobre el ámbito territorial presuntamente afectado, sobre el riesgo sísmico del proyecto, los cuales emitirán informe vinculante al respecto. "En caso de que el proyecto conlleve riesgo sísmico, el órgano sustantivo denegará la autorización del mismo", sostiene.
La Izquierda Plural ha presentado, además, más de 80 enmiendas relacionadas con otros aspectos de la evaluación ambiental, como el papel de la Conferencias Sectorial de Medio Ambiente y las competencias autonómicas, la Red Natura 2000 o las construcciones excluidas.
