MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Comisión de Educación de la Asamblea de Madrid procedió hoy a constituir la ponencia para el estudio del Proyecto de Ley 1/2010 de Autoridad del Profesor, que se encargará de analizar la futura normativa que otorga este rango a los docentes y que podría estar aprobada a mediados de esta primavera, tal y como calculó el Gobierno regional después de que el Consejo lo aprobara a principios de este año.
El objetivo de la ponencia es, a la vista del Proyecto de Ley ya redactado y de las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios, redactar un informe que proceda a la ordenación sistemática y formalice las oportunas propuestas sobre la aprobación o rechazo de dichas enmiendas al texto que, entre otras cosas, recoge la presunción de veracidad de los profesores en sus declaraciones sobre posibles conflictos que tengan lugar dentro del centro educativo.
La ponencia adoptará sus decisiones en función del voto ponderado y estará compuesta por los miembros de la mesa de la comisión y por los respectivos portavoces de los grupos que, en este caso, son los que habitualmente tratan los temas de educación: la diputada Eulalia Vaquero por IU, Fátima Peinado por el PSOE y Juan Soler por el Grupo Parlamentario Popular.
Los beneficiados de la futura ley serán en torno a unos 75.000 profesores (más de 67.000 de la pública y la concertada junto con los casi 9.000 profesores que hay en la enseñanza privada). Además, la normativa permitirá que las faltas que se cometan contra los maestros tengan una consideración más grave.
Para reforzar esta condición, la administración educativa adoptará, a través de la nueva normativa, las medidas oportunas que garanticen la adecuada protección y asistencia jurídica de los profesores, así como la cobertura de su responsabilidad civil en relación con los hechos que se derivan de su ejercicio profesional, tanto dentro como fuera del centro educativo.
Asimismo, la futura Ley establece que los centros podrán recabar de los padres o representantes legales la información y colaboración necesaria respecto a las circunstancias personales, familiares o sociales de los alumnos para facilitar la aplicación de las normas que garanticen la convivencia escolar.
Ahora serán sancionables no sólo las conductas contrarias a la convivencia que tengan lugar en el recinto escolar sino también aquéllas que se produzcan durante la realización de actividades extraescolares o la prestación de los servicios de comedor y transporte escolar.
También podrán ser sancionadas aquellas conductas que, aunque llevadas a cabo fuera del recinto escolar, estén motivadas o directamente relacionadas con la vida escolar y afecten a algún miembro de la comunidad educativa.
La Ley de Autoridad establece la posibilidad de que los directores o profesores puedan adoptar medidas provisionales con carácter cautelar cuando se cometa alguna conducta contraria a las normas de convivencia del centro, con el fin de garantizar el normal desarrollo de las actividades educativas. La adopción de estas medidas cautelares será comunicada a los padres o representantes legales de los alumnos y podrán ser revocadas o modificadas por el director del centro.
El Proyecto de Ley obliga también a los alumnos a reparar los daños que causen, de forma intencionada o por negligencia, a las instalaciones, a los materiales del centro y a las pertenencias de otros miembros de la comunidad educativa, o a hacerse cargo del coste económico de su reparación. Asimismo, tendrán que restituir, en su caso, lo sustraído.
Los padres o representantes legales asumirán la responsabilidad civil que les corresponda en estos casos. Del mismo modo, cuando los alumnos incurran en conductas tipificadas como agresión física o moral a los profesores, los compañeros o demás miembros de la comunidad educativa, deberán reparar el daño moral causado.
RECURRIR LA NORMA
Hace unas semanas, el Grupo Parlamentario Socialista de la Asamblea de Madrid aseguró que no descartaba recurrir la futura Ley de Autoridad Pública del Profesor elaborada por el Gobierno regional por contemplar, a su juicio, algunos puntos "ilegales" respecto a la vulneración de competencias estatales.
En este sentido, explicaron que las normas estatales ya recogen la autoridad pública para los funcionarios docentes mientras que Esperanza Aguirre extiende este concepto "sin tener competencia para ello a los concertados y privados cuando es imposible que ella regule ese tema" a través de una ley autonómica.
Ante esta situación, en su día presentaron una enmienda a la totalidad con proposición de texto alternativo al proyecto de ley destacando la necesidad de hacer hincapié en la mejora de la convivencia escolar y en los recursos para desarrollar dicha participación entre toda la comunidad educativa.
Por otro lado, en dicho texto se establece que todos los centros educativos madrileños cuenten con una Comisión de Convivencia, constituida en el seno del Consejo Escolar del centro, que será la encargada de elaborar el Plan de Convivencia.
También piden que el Gobierno regional desarrolle medidas para apoyar a las víctimas de la violencia escolar, y dentro de la tutela institucional, abogan por la creación de un Observatorio Regional de la Convivencia Escolar.
