Tiana advierte de que no cursar la materia tendrá "consecuencias académicas" que determinarán las CCAA.
MADRID, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Ministerio de Educación y Ciencia (MEC) acusó hoy a las organizaciones defensoras de la objeción de conciencia contra Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos de promover "una campaña de desobediencia civil, a las leyes" con argumentos "que no son ciertos" y "en base a muchas falsedades". Ante ello, advirtió de que no cursar la nueva materia obligatoria tiene "consecuencias académicas" que determinarán la comunidades autónomas.
"No es negociable", afirmó hoy el secretario general de Educación del MEC, Alejandro Tiana, en alusión a la posibilidad de cursar o no esta asignatura o si es obligatoria o no, explicando que las administraciones educativas valorarán "hasta dónde llegan las consecuencias" de no cursar esta disciplina creada con la Ley Orgánica de Educación (LOE). "Deben decidir de forma precisa cuáles son las consecuencias", añadió.
De igual forma que las autonomías fijan las normas sobre derechos y deberes en los colegios respetando la legislación estatal, señaló que también les corresponde, como titulares o responsables de los centros, establecer el tipo de consecuencias y actuación derivadas de no estudiar Educación para la Ciudadanía. El Ministerio de Educación hará lo propio si se presenta una situación de objeción de conciencia en los territorios de su gestión (Ceuta, Melilla y los centros españoles en el exterior).
Períodos de pre-aviso o expulsión temporal son mecanismos de las normativas específicas de las autonomías que expuso Tiana como ejemplos de posibles medidas a emprender en casos de objeción. Tras alertar de que un alumno, o sus padres, no puede decidir no cursar una materia obligatoria por suponer "un incumplimiento de la ley", este representante ministerial destacó que el Departamento que dirige Mercedes Cabrera mantendrá una "actitud firme" ante el cumplimiento de la legalidad porque es su "responsabilidad".
En todo caso, mostró sus "dudas" sobre la "intención real" del llamamiento a la objeción de conciencia realizado por parte de algunas organizaciones educativas porque el Consejo de Estado y las comunidades autónomas gobernadas por el PP no pusieron --a su entender-- "ninguna objeción" a los contenidos de la materia y hay sentencias del Tribunal Constitucional sobre la objeción de conciencia que dicen que no es un derecho subjetivo porque supondría evadir el cumplimiento de las leyes por la vía indirecta.
"Nos sentimos avalados", sentenció el secretario general de Educación en rueda de prensa para presentar nuevos contenidos de esta disciplina. No obstante, invitó a los promotores de la objeción de conciencia a utilizar los "instrumentos" de las "vías legales" pero no usar "otros no reconocidos", recordando que algunas de estas organizaciones ya presentaron recursos contencioso-administrativos contra desarrollos de la LOGSE pero ahora no lo han hecho.
NO VE UNANIMIDAD EN EL EPISCOPADO.
Respecto a la posición de la Iglesia, Educación cree que "no hay unanimidad", pues el documento de la Conferencia Episcopal Española (CEE) al respecto es "más prudente" que algunas declaraciones realizadas posteriormente por ciertos obispos. "Me cuesta mucho entender que desde ninguna posición confesional se pueda decir que educar a los jóvenes en valores como la justicia, la igualdad la solidaridad o la tolerancia, las virtudes cívicas, sienta que se le coarta por desarrollar esos valores en los jóvenes", dijo.
Además, señaló que en las reuniones con los obispos éstos no les manifestaron objeciones a la materia y, aunque no hay previsto ningún nuevo encuentro con el Episcopado, el MEC no tiene problemas que en que se celebre una nueva entrevista. A pesar de todo ello, el Ministerio de Educación no tiene constancia directa de que se haya presentado ninguna objeción de conciencia contra la nueva asignatura, salvo por lo que publican los medios de comunicación y augura que esta materia "se va a dar en los centros".
LOS ALUMNOS APRENDERÁN SOBRE LA SEGURIDAD SOCIAL.
De esta forma, Educación para la Ciudadanía enseñará también en Educación Secundaria Obligatoria (ESO) conocimientos sobre el sistema de la Seguridad Social, la protección e integración de personas con discapacidades y ciudadanos procedentes de otros países y, en conjunto, el modelo español de protección, tras el protocolo de colaboración firmado entre los ministerios de Educación y Ciencia y Trabajo y Asuntos Sociales. La Secretaría de Estado de la Seguridad Social elaborará materiales y aportará apoyo a centros y docentes para esta formación.
Según explicó en rueda de prensa el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, la idea de incluir estos temas parte de una demanda de funcionarios del propio Instituto de la Seguridad Social por solicitud de algunos centros. Se enseñarán así la razón de la Seguridad Social, los derechos como ciudadanos y contribuyentes y las obligaciones, resumió Granado, destacando que es una "forma indirecta de generar cultura social".
En esta línea, el secretario de Estado de la Seguridad Social defendió que "merece la pena" que los alumnos conozcan entre otras cuestiones el deber o no a realizar horas extraordinarias, el derecho a subsidio por desempleo, los horarios laborales de menores o los contratos mínimos porque unos 800.000 jóvenes entre 16 y 18 años, más de la mitad estudiantes, trabajan algunos días al año, sobre todo en verano. A ello, Tiana añadió que no se trata de formar expertos pero sí "la importancia de esa responsabilidad".
Los conocimientos teóricos se completarán con encuentros periódicos entre el profesorado y los funcionarios de la Seguridad Social para el intercambio de conocimientos y experiencias profesionales, con visitas a las entidades de esta institución y tutorías de asesoramiento. Los centros educativos serán los encargados de establecer el modo concreto de enseñanza y los ministerios implicados suscribirán convenios específicos con las comunidades autónomas y entidades locales en esta materia, que se desarrollará con los presupuestos de ambos departamentos.
En otro orden de cosas, respecto al futuro decreto que desarrolla el currículum de Primaria en Cataluña, el secretario general del MEC dijo no haber recibido el texto y conocer la información por la prensa, con lo que cuando tengan acceso al reglamento valorarán si se ajusta a la normativa estatal sobre enseñanzas mínimas en esa etapa. "No queremos crear una polémica artificial", concluyó, subrayando que el Ministerio de Educación trabaja "sobre documentos y no declaraciones".
