VALLADOLID, 18 May. (EUROPA PRESS) -
El Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino (MARM) adjudicó, a través de la Dirección General del Agua, la contratación de servicios para la tramitación de expedientes relativos a los usos privativos del agua en la Cuenca Hidrográfica del Duero (fase I).
La empresa adjudicataria fue Inypsa Informes y Proyectos S.A. por un importe de 1.843.673 euros, y esta asistencia técnica se ocupará de tramitar las solicitudes de concesión de aprovechamientos de agua y de reconocimiento de derechos por disposición legal, así como las
modificaciones de características o transferencias de titularidad que puedan producirse en los derechos inscritos.
También tramitará los expedientes de extinciones que deban iniciarse en el periodo de vigencia de la asistencia técnica, y se encargará de inscribir en el registro los derechos concedidos, reconocidos o modificados.
Además, como herramienta de trabajo en la tramitación administrativa de estos expedientes se utilizará obligatoriamente el conjunto de aplicaciones Alberca y se seguirán los métodos de trabajo impuestos por él.
El Programa Alberca pretende una "gestión moderna, homogénea e integral" del recurso hídrico en el ámbito de las Confederaciones Hidrográficas. Se trata de aprovechar al máximo las tecnologías disponibles para la grabación y gestión de los expedientes de concesión de aguas a través de una potente herramienta informática.
La finalidad del programa es tener un registro de aprovechamiento de aguas que coincida con la realidad de cada momento, por ello el trabajo que realiza la Confederación Hidrográfica del Duero no sólo consiste en el volcado de los datos que ya existen en papel a soporte informático o en la tramitación de nuevos derechos, sino que se están revisando todos los antiguos derechos para garantizar que los datos inscritos se ajustan a la realidad y disponer así de información veraz y actualizada.
Este programa, por lo tanto, es un instrumento "esencial" para la planificación y gestión del agua que permitirá conciliar los intereses de los particulares con el interés general que debe velar por el aprovechamiento racional de los recursos naturales y la conservación de los ecosistemas.
