SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA (LA GOMERA), 23 Jul. (De la enviada especial de EUROPA PRESS, Davinia Suárez) -
El Fiscal coordinador de menores de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, Manuel Campus Davó, ha reconocido que la situación de los menores extranjeros no acompañados que llegan a Canaria es "dramática" por la cantidad de menores que llegan a las islas y la limitaciones del territorio canario.
Campos declaró además que todas las administraciones deben colaborar para que "la situación se desatasque lo más rápido posible" porque los menores sufren una "problemática personal, humana y social dramática".
Durante la ponencia 'La cuestión mayor de los menores inmigrantes' que impartió en el marco del curso 'Inmigración, progreso y derecho' del Aula de Verano de La Gomera, Campos señaló que la solución puede darse "mediante redistribución o bien con mayores recursos tanto en el ámbito canario o en el ámbito nacional".
Manuel Campos recordó que "los derechos de los menores están protegidos por los tratados internacionales, la Ley del Menor y la Constitución Española", pero los problemas surgen cuando no existe un conocimiento del idioma, una escasez de recursos sanitarios o las dificultades de integración en la sociedad canaria.
Asimismo, Campos manifestó que la situación de Canarias es "más dramática" que la de otras comunidades españolas porque el número de menores no acompañados que llegan a las islas es mayor y por los condicionantes y los límites del territorio insular.
Por su parte, el juez decano de los juzgados de Arona (Tenerife), Nelson Díaz Frías, participó en el curso con la ponencia 'Tutela judicial e inmigración ilegal' en la que comentó "la importancia del papel de los jueces y magistrados, asistidos por el ministerio fiscal como garantes de los derechos fundamentales de los inmigrantes".
LA DIRECTIVA EUROPEA DE RETORNO
Díaz Frías señaló que la nueva Directiva Europea de 'Retorno' es "positiva porque hay hasta nueve países de la Unión Europea que no tienen plazos legales de ningún tipo" para tener retenido a un extranjero en su centro de internamiento, en los que "podrían estar retenidos durante años".
Además, Díaz Frías, recordó que la nueva directiva fija el plazo máximo entre 6 y 18 meses y lo que intenta es "armonizar las legislaciones de la Unión Europea, como órgano supranacional" y que el objetivo de esta directiva es "el control de flujo migratorio" y "obstaculizar la tarea de las mafias de traficar con estos seres humanos y asegurar la devolución de estar personas a sus respectivos países".
El magistrado manifestó que las administraciones deberían ocuparse de crear las infraestructuras que sean necesarias para la aplicación de esta ley y el aumento previsto del número de inmigrantes en los centros de internamiento pero recordó que la nueva directiva "prevé el acceso de las Organizaciones No Gubernamentales a este tipo de centros de internamiento" para garantizar el respeto de los derechos y libertades de los internos.
