MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Defensor del Pueblo critica en su Informe Anual de 2009 la actuación de la Subdelegación del Gobierno en Almería respecto a la red de estafa a inmigrantes destapada el año pasado con la detención de policías y funcionarios que presuntamente ofrecían agilizar las autorizaciones de trabajo y residencia a cambio de remuneración económica.
La memoria, a al que tuvo acceso Europa Press, Enrique Múgica explica que tras la detención de los policías y funcionarios de la Oficina de Extranjeros de Almería la institución abrió una investigación de oficio y, al contactar con la Subdelegación del Gobierno almeriense, que entonces dirigía Miguel Corpas, ésta "se limitó a indicar que el asunto estaba siendo objeto de una investigación policial".
En todo caso, el Defensor indica a la institución que actualmente preside Andrés Heras que, sin perjuicio de que ésta recabe la correspondiente información de la Policía o la Guardia Civil que estuvieran investigando, tiene la "obligación" de vigilar y exigir responsabilidades en las labores de la Oficina de Extranjeros.
La supervisión de esa oficina "corresponde directamente a esa Subdelegación del Gobierno", recalca el Defensor, que, según informa en su memoria, volvió a solicitar a aquella un informe sobre los hechos y la evaluación que haya podido realizar sobre las medidas que resulte preciso adoptar para evitar problemas similares.
