MADRID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -
Las organizaciones Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF han reclamado al Gobierno que se emplee a fondo en aplicar la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad más que en modificarla y temen las desviaciones que el texto aprobado este viernes por el Consejo de Minsitros pueda incluir en su tramitación parlamentaria.
En declaraciones a Europa Press, el representante de Ecologistas en Acción Theo Oberhuber, ha señalado que a priori parece que el proyecto de Ley se mantiene tal y como estaba la anterior ley, de la que ha dicho que, "en general estaba bastante bien", por lo que para la organización no había necesidad de modificarla porque la reforma presenta "pocas novedades" por lo que ha subrayado que lo que debía haberse hecho era trabajar en su aplicación.
En general, opina que no incorpora elementos especialmente graves, pero sí algunos pequeños retrocesos y ha valorado que el "único elemento positivo a destacar" es la incorporación en el Registro de la Propiedad y en el Catastro de la información sobre la protección ambiental de las propiedades en espacios protegidos.
"Está bien, pero no justifica la modificación de la Ley y lo que más nos preocupa es que lo que se aprobó no se está aplicando. Es una ocasión perdida para no hacer cumplir la ley actual. Esperemos que no empeore en su tramitación parlamentaria", ha advertido.
Por su parte, el director ejecutivo de Greenpeace, Mario Rodríguez, ha coincidido con Oberhuber en que "el problema" de la ley es su falta de aplicación y en que "lo único relevante" es la incorporación de las protecciones ambientales en el Registro de la Propiedad y el Catastro.
Rodríguez ha destacado que esa novedad va en aras de la transparencia, sin embargo, cree que el nuevo texto da "excesivo peso" al Ministerio de Defensa, que tendrá que hacer un informe vinculante en los terrenos que afecten a la defensa del Estado. "El resto de pequeñas modificaciones que no cambian la ley y llevamos dos legislaturas sin que se aplique la norma", ha reflexionado.
Rodríguez ha subrayado que la ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad es junto con la de Parques Nacionales, "la ley emblemática de la conservación de la naturaleza en España", por ello, ha añadido que a Greenpeace le preocupa lo que ocurra en el su tramitación parlamentaria en el Senado.
Por su parte, la directora ejecutiva de SEO/BirdLife, Asunción Ruíz, cree que la ley actual es "una de las más modernas y mejores normativas en Europa y el mundo" en la materia y lo que quiere es "que de verdad se implante y desarrolle" algo que falta desde su primera aprobación en 2007. "El Gobierno tiene que tomarse en serio su completo desarrollo ya que España es un país excelente y competitivo y número uno en biodiversidad. Esto debe convertirse en una oporturnidad para el empleo verde", ha apostillado.
Igualmente ha valorado de forma positiva que la información ambiental aparezca en el Registro de la Propiedad y el Catastro porque supone mayor transparencia para los ciudadanos.
MENOS CAMBIOS Y MÁS CUMPLIMIENTO
A su juicio, está "muy bien" que se añadan mejoras, pero lo realmente importante es que se cumpla, por ejemplo la obligación de tener planes de gestión en la Red Natura 2000, por cuya carencia la UE ha apercibido a España.
Mientras, el secretario ejecutivo de WWF, Juan Carlos del Olmo, ha explicado el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, ha convocado a las ONGs ambientales este viernes a una reunión para explicarles y entregarles el texto.
"No hemos podido analizarlo en detalle todavía, pero parece que no hay muchos cambios", ha admitido Del Olmo que, sin embargo se ha referido algo nuevo, que no aparecía en borradores anteriores.
Así, ha indicado que el texto establece que el Ministerio de Defensa deberá informar de forma obligatoria, con un informe vinculante, sobre los planes de gestión en las zonas de defensa del Estado que estén sujetas a alguna protección ambiental. "Tenemos que calibrar la importancia de esta modificación", ha comentado.
Sobre lo del registro, opina que es positivo y no encuentra que tenga ningún inconveniente para la conservación sino que puede ser "bueno en el futuro" para los propietarios, a la hora de recibir de forma prioritaria más recursos.
Del Olmo ha valorado que en el desarrollo de este proyecto de Ley concreto, las ONG han tenido "bastante más comunicación" con el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente que en otros casos.
A su juicio, la gran discusión del futuro, que no queda resuelto en la ley es el comercio de los recursos naturales, y ha advertido de que nadie puede apropiarse de estos recursos que son de toda la sociedad, por lo que cree que es un debate que se debe abordar.
En todo caso, Del Olmo esperaba que se hubiera aprovechado la ley para legitimar más a las ONG ambientales en los procesos legales, porque son precisamente las que más luchan por la protección de la biodiversidad. "Si alguien pelea por que se cumpla esta ley somos nosotros", ha defendido.
Finalmente, como el resto de ONGs ha manifestado su temor por la tramitación parlamentaria y ha advertido de que no van a aceptar de ninguna manera modificaciones a la baja o presiones de distintos sectores o comunidades autónomas para hacerla a su medida porque "esta es la principal ley medioambiental", de modo que estarán "muy vigilantes".
