Actualizado 01/03/2010 09:55

Pedro Jiménez se enfrenta a un tribunal popular por el brutal asesinato de dos policías en prácticas

El fiscal mantiene la petición de la pena en 102 años y 11 meses


BARCELONA, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

Pedro Jiménez se sentará a partir de hoy de nuevo en el banquillo para ser juzgado por un tribunal popular por el brutal asesinato de dos agentes de Policía en prácticas en Bellvitge, en L'Hospitalet de Llobregat, en octubre de 2004. Jiménez ya fue condenado en 2008 por la sección sexta de la Audiencia de Barcelona, pero el Tribunal Supremo (TS) anuló la sentencia y decidió que le procesara un jurado popular.

El crimen ocurrió la madrugada del 5 de octubre, mientras el procesado --que violó, mató a cuchillazos y robó a las dos jóvenes y después intentó quemar el apartamento que ambas compartían-- cumplía 30 años de condena en Can Brians por un robo con violencia e intimidación y disfrutaba de un permiso penitenciario dada su condición de recluso de segundo grado.

En septiembre de 2008 la sección sexta de la Audiencia de Barcelona ya le condenó a 83 años y tres meses de prisión y a indemnizar a los familiares de las víctimas en un total de 780.000. Sin embargo, meses después el TS anuló la sentencia al considerar que debía ser juzgado con jurado popular.

La Fiscalía le imputa ahora, igual que la vez anterior, nueve delitos: dos de asesinato (25 años por cada uno), uno de agresión sexual (22 años y seis meses), allanamiento de morada (4 años), profanación de cadáver (5 meses), incendio (20 años), robo con violencia (5 años), robo con fuerza (1 año) y quebrantamiento de condena (24 meses de multa).

Además solicita una indemnización total de 780.000 euros para los padres, las hermanas y las parejas sentimentales de las dos víctimas.

CRIMEN BRUTAL

La madrugada del 5 de octubre, el acusado cogió el Metro en Barcelona y sobre las seis de la mañana se apeó en la estación de Bellvitge. Dos horas después, vio a Silvia N., una agente de Policía en prácticas de 28 años que se dirigía a su domicilio, en la Rambla Marina, tras pasar la noche de servicio en la comisaría de Castelldefels (Barcelona).

En su escrito de acusación, la Fiscalía sostiene que el procesado siguió a Silvia N. sin que ésta se diera cuenta, entró en la portería del inmueble en un descuido y la obligó con una navaja a dejarlo entrar en su domicilio, donde estaba su compañera de piso, María Aurora G., otra agente en prácticas de 23 años.

Tras amordazarlas y atarlas de tobillos, manos y cuello con ropa interior de las víctimas, ataduras que reforzó con un cordón de tender la ropa, el acusado llevó a Silvia N. a la habitación de matrimonio y la ató a la pata de la cama con un cinturón. Después, puso a María Aurora sobre la cama del cuarto de al lado y la violó antes de asestarle cuatro navajazos por la espalda, causándole la muerte.

Posteriormente, Jiménez se dirigió a la habitación donde se encontraba Silvia N. y la apuñaló cinco veces, rasgándole el corazón y perforando el pulmón izquierdo. Tras matarla, la desnudó y la vejó.

Antes de abandonar el domicilio de las víctimas, robó una tarjeta de crédito de María Aurora G., se cambió de ropa y prendió fuego a un sillón y un sofá situados en el salón del primer piso, a los colchones de tres habitaciones del piso superior --Silvia N. y Maria Aurora G. estaban en dos de ellas-- y a un montón de ropa que había en una de ellas. Además, lanzó varias botellas de licor para favorecer la rápida combustión.

Sobre las 10 de la mañana, el acusado abandonó el edificio. En dos ocasiones, el procesado intentó sacar dinero con la tarjeta de María Aurora. Sobre las 21.30 horas del día 6, "sin intención alguna de reingresar en Can Brians", se dirigió a un bar de La Rambla, en el Barrio Gótico, donde había quedado con Mustafa K.D., quien lo llevó a su domicilio, en Girona. La Policía lo arrestó pocas horas después.

El Ministerio Público imputa a Jiménez dos delitos de asesinato, uno de agresión sexual, otro de profanación de cadáver, de incendio, de robo con violencia, de robo con fuerza en continuidad delictiva y grado de tentativa y otro de quebrantamiento de condena, por lo que solicita casi 103 años de cárcel.