MADRID, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -
La proposición de ley de CiU que aumenta del 5 al 7 por ciento el cupo de plazas públicas reservadas para las personas con discapacidad se enfrenta, en el Pleno Congreso de los Diputados del próximo martes, a su primer examen, según informaron a Europa Press fuentes parlamentarias.
Así, los grupos de la Cámara Baja decidirán si quieren tramitar o no la propuesta del grupo nacionalista catalán. En el texto de la iniciativa, CiU establece que se incremente del 5 al 7 por ciento el número de puestos públicos reservados para este colectivo, guardando ese 2 por ciento adicional a personas con discapacidad intelectual, quienes en la actualidad están "severamente excluidas del mercado laboral".
Igualmente, CiU plantea que si las plazas cubiertas por personas con discapacidad no alcanzan el 4 por ciento, las sobrantes se acumulen en la siguiente convocatoria, fijando un límite máximo del 15 por ciento del total de puestos de trabajo públicos. Todas esta medidas, añaden, tienen por objetivo que el 2 por ciento de los trabajadores de la Administración General del Estado sean discapacitados.
Con esta proposición de ley, presentada a finales de 2008, el grupo nacionalista da respuesta a una de las reclamaciones del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) para que este colectivo se incorpore al mercado de trabajo.
PNV: CONCESIÓN DIRECTA DE CONTRATOS PÚBLICOS
Ese mismo martes, el Pleno del Congreso también decidirá si tramita una proposición de ley del PNV en la que se establece que las administraciones podrán adjudicar directamente contratos públicos a Centros Especiales de Empleo (formados mayoritariamente por discapacitados) para mantener y aumentar la inserción en el mercado de trabajo de este grupo social.
En el texto de la iniciativa, el diputado jeltzale Emilio Olabarría explica que en la actual Ley de Contratos del Servicio Público se fija la preferencia en la adjudicación de contratos a empresas que, "igualando la oferta de servicios", tengan en su plantilla un mayor porcentaje de trabajadores con discapacidades.
Sin embargo, añade, "en la práctica" este precepto "es una quimera", ya que en muchas ocasiones los Centros Especiales de Empleo no tienen posibilidad de competir con empresas formadas mayoritariamente por personas no discapacitadas.
Olabarría destaca que la adjudicación directa de contratos es "el único mecanismo posible para garantizar el acceso al empleo de los trabajadores de estos centros" y añade que esta medida es "un requerimiento ético" en un contexto en el que el desempleo sigue creciendo preocupantemente y afecta de forma más intensa a los sectores más vulnerables, "particularmente a los trabajadores discapacitados".
