MADRID, 30 May. (EUROPA PRESS) -
El Partido Popular ha presentado en el Congreso de los Diputados una proposición de ley de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) para que las víctimas de violencia de género no tengan que volver a declarar en el juicio oral y, de este modo, evitar que se retracten y su "doble victimización".
La iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, pretende que se incluya la declaración de las víctimas en el juzgado de instrucción o de violencia contra la mujer entre los supuestos excepcionales de prueba constituida.
Esta prueba es una de las soluciones que aporta la Ley de Enjuiciamiento Criminal cuando, por causas justificadas, se prescinde de la comparecencia personal en el juicio oral. "En este caso, el principio de inmediación desaparece, quedando reducido a la percepción del soporte en que la prueba preconstituida se refleje", explica el PP.
"Al no exigir a la víctima declarar de nuevo, no se le somete a la doble victimización de revivir los sucesos por los que ya ha declarado, al menos en dos ocasiones (dependencias policiales y Juzgado)", se recoge en la exposición de motivos.
"Se pretende, pues, constituir como verdadero medio de prueba la declaración de la víctima en el proceso penal para diferenciarla de su consideración como mero testigo", explica la iniciativa del PP, que recuerda que el 20 por ciento de las víctimas se niega a declarar por miedo, provocando la libre absolución del agresor.
En cualquier caso, está garantizado el derecho de defensa del imputado, lo que implica que se asegura la publicidad, reproducción en juicio oral mediante lectura de la diligencia o reproducción del soporte sonoro o audiovisual y, sobre todo, el principio de contradicción.
INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN
Por otra parte, el PP solicita que se incluya en la Lecrim la obligatoriedad de entregar a la víctimas de un documento en el que "conste la información suficiente para que las mismas queden instruidas de su posición en el proceso y de cuáles son sus derechos".
Asimismo, en la proposición, se introducen "garantías para mejorar la protección de las víctimas y su seguridad durante el proceso, como evitar la confrontación visual y los careos de las víctimas con sus presuntos agresores o como la posibilidad de adoptar medidas de protección que aseguren su interidad física y moral".
