El PSOE lamenta que el ministro con una mano permita el pago de tasas a las maltratadas y con la otra el indulto a kamikazes
MADRID, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -
El PP ha rechazado la petición del PSOE, apoyada por Izquierda Plural, CiU y UPyD, para que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, comparezca en el Congreso este mismo mes para aclarar cuándo se cumplirá la promesa del Gobierno de eximir del abono de tasas judiciales a las víctimas de la violencia de género.
El Ejecutivo enmarcó esa promesa en la futura Ley de Justicia Gratuita, pero la oposición ya recordó que ese proyecto está anunciado para antes del verano pero, con sus plazos de tramitación parlamentaria, no estará en vigor hasta otoño, por lo que exigieron a Justicia la aprobación de un decreto ley para aplicar ya la exención, sin esperar a la ley.
Dado que el PP cuenta con mayoría absoluta en el arco parlamentario, la petición de comparecencia no saldrá adelante y el titular de Justicia no tendrá que explicar si habrá o no exención inmediata de tasas judiciales a estas víctimas, tras la puesta en marcha de la Ley de Tasas Judiciales a finales de noviembre de 2012.
En la reunión de la Diputación Permanente de este martes, el órgano que sustituye al Pleno en periodos no ordinarios de sesiones, la diputada del PP Marta Torrado, miembro de la dirección del Grupo Popular, ha recordado el compromiso del ministro para que esa exención del abono de tasas llegue con la aplicación de la Ley de Justicia Gratuita, actualmente en fase de anteproyecto y que, según calcula, será remitida al Congreso en este periodo de sesiones, que acaba el 30 de junio.
"En la Ley de Justicia Gratuita se garantiza el derecho a la tutela judicial efectiva para que nadie deje de acudir a los tribunales por falta de recursos. Tal y como anunció Gallardón a final de noviembre, los menores, las personas con discapacidad, las víctimas de abuso o de violencia de género, entre otros, tendrán acceso a la justicia gratuita", ha recalcado.
En este sentido, ha detallado que, hasta ahora, las mujeres maltratadas debían abonar después de todo el proceso judicial los gastos generados. "Ahora siempre serán beneficiarias de la justicia gratuita y quedarán exentas de las tasas", ha reiterado.
Es más, ha indicado que podrán recibir tanto las víctimas como sus familias asesoramiento gratuito, además de que podrán ser representadas por un abogado o procurador sin pagar ninguna tasa, asistencia pericial gratuita y, después, aunque la sentencia sea absolutoria, no tendrán que abonar los gastos suscitados", ha señalado.
"EL CAPÍTULO MÁS TRISTE DE LA HISTORIA JUDICIAL"
Las explicaciones no han convencido al PSOE, cuya vicesecretaria general, Elena Valenciano, ha indicado que con la puesta en marcha de la Ley de Tasas Judiciales en noviembre se abrió uno de los "más tristes capítulos" de la historia judicial del país. "El 'tasazo' es una ley injusta y nefasta cuya inconstitucionalidad quedara demostrada en el recurso que prepara el PSOE", ha avisado.
Según Valenciano, la ley está "tan mal redactada" que cada juzgado tiene que hacer "de su capa un sayo" y determinar cómo aplicarla, generando a su vez desigualdad. Es más, ha subrayado que, con esta medida, las víctimas de violencia machista van a tener un "obstáculo más" a la hora de denunciar y que pagar para huir de su maltratador.
"Este Gobierno, superproductor de decretos, es incapaz de crear uno para que se resuelva esta situación", ha criticado, al mismo tiempo que ha lamentado que Gallardón "haya perdido su disfraz" de político "moderado y dialogante" y se haya convertido en "un ministro que con una mano permite que se haga pagar a las víctimas de violencia de género y, con la otra, indulte a un kamikaze, y se retrotraiga 20 años en la Ley del Aborto".
Por parte de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Gaspar Llamazares, cree que "es de justicia" que Gallardón explique en el Congreso esta situación porque la normativa no sólo ha provocado una respuesta generalizada de todos los operadores judiciales, sino que ha creado el caos en los propios tribunales y nadie sabe a qué atenerse.
En su opinión, existen colectivos que han sido especialmente afectados, como es el caso de las mujeres víctimas de violencia machista con la normativa. Por ello apoyará la petición socialista.
Mientras, Jordi Jané, de CiU, apoyará que el responsable de Justicia comparezca en la Cámara baja para dar cuenta de la implementación de las tasas judiciales en el caso de las víctimas de violencia machista, después de que el Gobierno aprobara "en gran soledad" la ley.
"Su aplicación diaria da lugar a soluciones dispares que provocan que, ante un mismo hecho judicial, las tasas sea diferentes según el juzgado. Sería positiva una aclaración del titular de Justicia", considera el nacionalista catalán.
Fue a finales de noviembre, con la puesta en marcha de la nueva Ley de Tasas Judiciales, cuando el PSOE inició una campaña de críticas contra el Gobierno al permitir que las víctimas de violencia de género tuvieran que pagar, por primera vez, la interposición de una demanda de separación o divorcio hacia su maltratador, cuando hasta entonces estaban excluidas de ese pago, de cara a que no se redujeran el número de denuncias de mujeres maltratadas.
