MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -
La organización Women's Link Worldwide presentó hoy ante la oficina de la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre Trata de Personas una queja por la manera en la que diferentes autoridades españolas "vulneraron los derechos fundamentales" de una mujer nigeriana embarazada, "presunta víctima de trata de personas", que fue deportada el pasado 17 de marzo pese a que, según apuntó, "tenía derecho a un periodo de restablecimiento y reflexión --de acuerdo con la nueva Ley de Extranjería--".
Esta entidad argumentó que la actuación de España "antes y durante la deportación de la mujer, violó sus derechos a la tutela judicial efectiva; a la integridad física y moral, pues no tuvo acceso a controles, pese a estar embarazada; al no retorno, dado que ella alegaba que pesaban sobre ella amenazas del tratante en caso de que regresara a su país de origen; a la vida y a la protección especial como presunta víctima de trata".
"Todos estos derechos están consagrados tanto en la legislación española como en los tratados internacionales ratificados por España", indicó, y pidió a la Relatora "que conmine al Gobierno español a adoptar las medidas necesarias para proteger los derechos de las personas víctimas o presunta victimas de trata".
Por otra parte, le solicita que inste a las autoridades españolas para que "de manera urgente" expidan la reglamentación de la nueva Ley de Extranjería, en especial del periodo de restablecimiento y reflexión. Según señaló la directora ejecutiva de Women's Link Worldwide, Viviana Waisman, "en las actuales circunstancias, se necesita que el Estado aplique los tratados y las leyes nacionales que ya están en vigor para poder proteger los derechos de las víctimas".
Por último, la organización aseguró que, durante la sesión de control de Gobierno de hoy celebrada en el Congreso, el grupo parlamento vasco pidió información a la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, sobre los criterios de expulsión de personas procedentes de África que pueden ser posibles víctimas de trata.
En este sentido, apuntó que Aído respondió que "existe un total compromiso por parte del Gobierno en la lucha contra la trata de seres humanos y que tienen un principal aliado en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para luchar contra el delito de la trata". "La respuesta de la ministra no rinde cuentas por la expulsión de la mujer nigeriana y no manifiesta cómo el Gobierno español va a cumplir sus obligaciones nacionales e internacionales para que no se sigan vulnerando los derechos humanos de la víctimas de trata", concluyó Waisman.
