OVIEDO, 26 May. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Gobierno del Principado de Asturias autorizó hoy un protocolo de colaboración con el Ministerio Fiscal y la Delegación del Gobierno en Asturias para la intervención con menores no acompañados.
El protocolo, para cuya elaboración se han mantenido ya desde hace más de dos años reuniones entre la Delegación de Gobierno, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Instituciones Sanitarias, Consejería asturiana de Bienestar Social y Vivienda y la Fiscalía, se destina a regular la primera fase de intervención de las instituciones afectadas, desde la localización del menor o presunto menor hasta su identificación al menos provisional, determinación de su edad, y puesta a disposición de la Entidad Pública de protección de menores.
Según informó el Principado a través de una nota de prensa, la existencia de distintas Instancias Públicas que intervienen en el procedimiento de acreditación de edad de los extranjeros menores no acompañados (Ministerio Fiscal, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Instituciones Sanitarias, Servicios Sociales de Protección de Menores) ha hecho indispensable la colaboración entre las mismas, estableciéndose un sistema de intervención desde hace más de un año y medio, en la fase inicial de identificación y asistencia al menor extranjero, que el protocolo recoge con la finalidad de precisar la intervención de cada institución afectada.
El objetivo de estas actuaciones iniciales es también dotar del mayor contenido y eficacia posible al Registro de Extranjeros Menores No Acompañados, para que se convierta en instrumento útil para la ulterior identificación de menores indocumentados a los solos efectos de su utilización para conocer las posibles referencias que sobre ellos pudiera existir en alguna institución pública nacional o extranjera encargada de su protección.
El pleno desarrollo del Registro referido tiene sentido porque en los Centros de Protección de Menores se producen abundantes fugas y cambios de provincia o de Comunidad Autónoma de menores que carentes de documentación que los identifique, quedan en situación de desamparo y expuestos a engrosar las bolsas marginales de inmigración, con el peligro de explotación laboral y de verse envueltos en problemas de delincuencia o explotación sexual.
Por ello, la identificación mediante su inclusión en el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados se convierte en un instrumento eficaz para su identificación y para la adopción de las medidas de protección que el menor precise, así como para impedir el ulterior uso fraudulento de su situación de indocumentado, del uso de otras identidades supuestas o de que aleguen nuevamente la minoría de edad jóvenes mayores de edad que pretenden servirse de los recursos previstos para los menores de edad en situación de desamparo.
