El Registro de la Propiedad incluirá la información ambiental de las superficies en espacios protegidos
MADRID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes remitir a las Cortes para su tramitación el Proyecto de ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad que incorpora varias novedades y normativa internacional y por la que la información ambiental de las superficies con alguna figura de protección quedará incorporada en el Registro de la Propiedad y en el catastro.
La norma busca apoyar las actividades compatibles con la conservación de la Red Natura 2000 e incorpora entre sus principios la prevención del cambio climático.
Según ha explicado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, se aprueba para dar la máxima protección e información de las propiedades en espacios protegidos, ya que esta información quedará incorporada en el Registro de la Propiedad y el Catastro.
Por su parte, la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, ha señalado que la ley se modifica para "mejorar el régimen de protección, conservación y restauración de la biodiversidad española, la más rica de toda la Unión Europea", con más de 9.000 especies de plantas y más de 60.000 especies de fauna, y cuenta con una superficie de espacios protegidos de 13,7 millones de hectáreas en tierra y 8 millones de hectáreas en mar.
García Tejerina ha añadido que el 27 por ciento del total de la superficie terrestre de nuestro país (13,7 millones de hectáreas, aparte de 8 millones de hectáreas marinas) son espacios pertenecientes a la Red Natura 2000, que cuentan entre ellos con 1.466 espacios declarados como Lugares de Importancia Comunitaria (LICs) y 643 como Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPAs).
Asimismo, ha destacado que España es el único país de la UE (junto con Francia) con cuatro regiones biogeográficas (alpina, atlántica, macaronésica y mediterránea), y posee, además, el 59,6% de los hábitats de interés comunitario y más del 40% de las especies de flora y fauna de la UE. "Es un patrimonio que debemos proteger", ha insistido.
De este modo, ha dicho que el Gobierno busca una "mayor transparencia y seguridad jurídica" en lo relacionado con el régimen de propiedad de los espacios protegidos que incluyen tanto los naturales protegidos como los de la Red Natura 2000.
Entre las novedades, ha indicado que el Registro de la Propiedad y el Catastro proporcionará información sobre las protecciones ambientales que afectan a las superficies incluidas en espacios protegidos, la Red Natura 2000, los montes de utilidad pública, las vías pecuarias y las propiedades en las zonas húmedas. Esta información se adjuntará a la nota simple y se podrá conocer de forma gratuita. "Solo los espacios protegidos afectan a 6,3 millones de hectáreas en España", ha apostillado.
La ministra ha comentado también que en la actualidad, ni el Registro ni el Catastro proporcionan información de las protecciones ambientales y, con esta novedad se pretende "ganar" en transparencia, dotar de mayor seguridad jurídica y garantizar una mejor protección de estos espacios porque, a su juicio, "sin ninguna duda se protege mejor lo que mejor se conoce". En este sentido, ha indicado que con ello "no se derogan protecciones" sino que se informa de las protecciones y de lo que implican.
Por otro lado, ha subrayado que el proyecto normativo mejora la protección de las especies amenazadas; regula la primera importación de especies alóctonas con potencial invasor; la reintroducción de especies ya desaparecidas para que se haga "con todas las garantías" e incorpora normativa internacional.
Igualmente, ha agregado que el texto incorpora la normativa internacional sobre regulación al acceso a los recursos genéticos y la participación "justa" en los beneficios que conlleven y se perfecciona la aplicación de las Directivas de Hábitat y de Aves.
El proyecto manifiesta que su objetivo es mejorar el sistema de protección y conservación de las especies de la biodiversidad española, adaptar la normativa española a los compromisos adoptados en el Protocolo de Nagoya, apoyar las actividades compatibles en la Red Natura 2000.
Además, establecerá un análisis previo a la importación de especies foráneas que puedan provocar algún daño a la biodiversidad autóctona y regula la primera importación de este tipo de especies alóctonas con potencial invasor.
También afecta a la reintroducción de especies desaparecidas en el pasado, con el fin de garantizar que éstas sean compatibles con las actividades humanas. Para ello, se realizará un listado que quedará pendiente de desarrollo reglamentario.
LOS BENEFICIOS DE LOS RECURSOS GENÉTICOS, REPARTIDOS
Respecto a las incorporaciones del Protocolo de Nagoya, el proyecto de ley regula los recursos genéticos, por lo que los beneficios que se deriven de su utilización se reparten de una forma más "justa y equitativa" entre las partes.
La norma actualiza las variaciones de la Estrategia de la Unión Europea sobre biodiversidad hasta 2020, mediante la adición de nuevos objetivos y principios a la ley, así como la previsión de la aprobación de una Estrategia estatal sobre infraestructuras verde y de la conectividad y restauración ecológicas. El objetivo es incrementar las posibilidades de movimiento de las especies entre los espacios protegidos, en línea con lo establecido en la Comunicación de la Comisión Europea sobre Infraestructura verde.
El texto incluye de forma expresa el apoyo a las actividades coherentes con la conservación de los espacios de la Red Natura 2000, que contribuyan al bienestar de las poblaciones locales y a la creación de empleo. También se promoverán acciones para unificar las metodologías que se utilizan por parte de las administraciones para el seguimiento de la biodiversidad.
Igualmente, ha valorado que se introduce la vinculación entre biodiversidad y cambio climático e incorpora entre los "principios inspiradores de la ley" la prevención de los problemas "emergentes" como consecuencia del cambio climático, la mitigación y adaptación al mismo, así como la lucha contra sus efectos adversos.
"Nos estamos anticipando a la norma comunitaria que se desarrollará en materia de protección ambiental (...) y se introduce la vinculación necesaria entre el cambio climático y la biodiversidad. Con esto se pone como deber a los deberes públicos que recojan las medidas de adaptación y mitigación para mejorar la biodiversidad española", ha concluido.
