Acusa al gobierno regional de hacer todo lo posible para esquivar su responsabilidad
MADRID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -
El secretario general del PSM-PSOE, Tomás Gómez, denunció hoy que la Comunidad de Madrid podría haber solicitado el cumplimiento de la libertad vigilada de 'El Rafita', uno de los asesinos de Sandra Palo, en un centro penitenciario de adultos, pero no lo hizo.
En un artículo en su blog personal titulado 'El caso del Rafita. Los balones fuera de la Comunidad de Madrid', argumenta que la Ley permite que el Gobierno regional solicitase al juez de Menores la transformación de la libertad vigilada de Rafael, en una privación de libertad e internamiento "dada la gravedad de su comportamiento y sus sucesivos quebrantamientos de la medida". Sin embargo, el Gobierno regional no lo hizo para, a su juicio, librarse de la responsabilidad cuanto antes.
"La cuestión que todos nos planteamos es, ¿Quién está vigilando la 'libertad vigilada' de Rafael?, porque es evidente que mucha diligencia en la vigilancia no se está poniendo, si lejos de continuar con un proceso iniciado de rehabilitación y resocialización, Rafael sigue delinquiendo e incrementando su curriculum delictivo", plantea.
"Para nuestra sorpresa", prosigue Gómez, la respuesta de la Comunidad de Madrid es el "yo no he sido" y ampararse en un auto de un juez de menores, "que no es firme y por lo tanto que no es definitivo, para escurrir el bulto de su enorme responsabilidad".
"Una cosa está totalmente clara, y no puede discutirse. Hasta el 24 de noviembre del año pasado, está claro que era la Comunidad de Madrid, a través de la Agencia del Menor Infractor, la responsable de supervisar la libertad vigilada de Rafael hasta que acabase", manifiesta el líder de la oposición.
Sin embargo, como el caso era difícil y "como ya se había perdido el control sobre él" --aunque el Consejero de Presidencia indicó en noviembre que "está perfectamente controlado por la Comunidad de Madrid"--, y los recursos para el tratamiento en Madrid son "escasos y no dan votos", la Comunidad decide pasarle "la patata caliente" de tener que "vigilar al Rafita" a Instituciones Penitenciarias, y así se lo solicita al Juez.
Según explica, en un primer momento, el juez de menores entendió, porque así lo dice expresamente la Ley Penal del Menor, que son las Comunidades autónomas las responsables de la ejecución de las medidas previstas en la Ley. Pero en un segundo momento, y habiéndose producido ya uno de los quebrantamientos de condena de Rafael, el juez dictó una resolución en la que contemplaba que fuera Instituciones Penitenciarias, a través de su centro de inserción social Victoria Kent, la que pasara a controlar dicha libertad vigilada (auto de 24 de noviembre de 2009).
"Y con ello, la conciencia y el deber de la Comunidad de Madrid quedaban limpios de responsabilidad. Si Rafita se portaba mal, la culpa la tenían otros", lamenta Gómez.
El problema, a su juicio, sin embargo, no era tan fácilmente solucionable. "Instituciones Penitenciarias es un organismo que ejecuta condenas del Código Penal y no puede ejecutar la 'libertad vigilada' de la Ley del Menor porque este tipo de medidas no está en su 'catalogo de servicios'. Por esa razón, la Fiscalía de Menores pidió aclaraciones al magistrado sobre el auto. Necesitan saber cómo se traduce esa libertad vigilada, una modalidad que no existe en la justicia de mayores. El magistrado no contestó. Simplemente dijo que no había lugar a la aclaración", recuerda.
Según asegura, la Comunidad de Madrid habría podido solicitar al Juez de menores, porque así lo permite la Ley, "lógicamente con todas las garantías precisas, que 'transformara' la libertad vigilada de Rafael, en un internamiento, en una privación de libertad, dada la gravedad de su comportamiento y sus sucesivos quebrantamientos de la medida".
El secretario general del PSM considera que la Comunidad podría haber solicitado entonces que Rafita cumpliera la medida en un centro penitenciario de mayores. En ese caso, y tras el correspondiente procedimiento y oídas todas las partes, "la responsabilidad sobre la ejecución de la medida sí sería de Instituciones Penitenciarias, y no habría problemas interpretativos, porque Instituciones Penitenciarias sí sabe cómo se ejecutan las penas privativas de libertad. Pero no lo hizo por intentar zafarse del problema cuanto antes", estima.
"La Comunidad de Madrid, simplemente, quería quitarse el muerto de encima. Pero un Auto no hace la Ley, ni cambia lo que la Ley dice. Máxime, si como es el caso, es un auto cuestionable, cuestionado y además no firme", sentenció. Para Gómez, "balones fuera", "la culpa la tienen siempre otros" y "yo no he sido" es lo que los ciudadanos de a pie llaman "irresponsabilidad".
