MADRID, 25 May. (EUROPA PRESS) -
El PSOE, CiU, la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y el BNG han registrado en el Congreso de los Diputados sendas enmiendas de totalidad con las que pedirán este jueves en el Pleno que se devuelva al Gobierno el proyecto de Ley de Parques Nacionales.
El Consejo de Ministros aprobó en enero la remisión a las Cortes del citado proyecto de ley para iniciar su tramitación parlamentaria. El debate de totalidad de estas enmiendas tendrá lugar el jueves de la próxima semana, según confirmaron a Europa Press las mismas fuentes.
Entre sus principales objetivos, según detalla el Ejecutivo, se encuentra reforzar la coordinación del Estado y de las comunidades autónomas para garantizar la correcta conservación de estos espacios, además de permitir la intervención estatal directa, coordinada con las comunidades autónomas, ante catástrofes o situaciones extraordinarias que pongan en peligro los valores de estos espacios.
En este proyecto de ley se crea también un Comité de Colaboración y Coordinación entre el Estado y las comunidades autónomas para el conjunto de los Parques Nacionales, y una Comisión de Coordinación para cada parque, que estará ubicado en varias comunidades autónomas.
En la actualidad existen 15 parques nacionales en España, que ocupan una superficie de 381.716,49 hectáreas y acogen una "gran riqueza de fauna y vegetación", así como las especies más emblemáticas del país. La última incorporación, en junio del año pasado, fue la del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.
UN RETROCESO EN LA PROTECCIÓN
Entre otros puntos, el PSOE argumenta en su enmienda de totalidad que la ley que ha presentado el Ejecutivo supone "un retroceso" en la protección ambiental que no debe ser asumido, al mismo tiempo que supondría una "degradación sin precedentes" de esta figura de protección.
Así, cita al informe del Consejo de Estado, "muy crítico" con el proyecto, y que alerta de que pueden existir problemas de constitucionalidad con esta propuesta de ley, porque en la regulación de determinados órganos y en la atribución de sus funciones existen "dudas importantes" de si respetan la distribución de las competencias.
Además, no acaba de entender por qué se quiere presentar una regulación de rango legal para detallar materias de importancia secundaria (comisiones o grupos de trabajo) cuando su tratamiento no sólo es "poco importante", sino además "problemático" para iniciar una disputa competencial y otro conflicto constitucional con futuro incierto.
"El Gobierno debería haber reflexionado en relación a la necesidad de incorporar ciertos cambios a costa de generar conflictos cuya importancia supera con mucho esas discutibles incorporaciones", sostiene el PSOE.
NO RESPETA LAS COMPETENCIAS AUTÓNOMICAS
Desde CiU, critican que la propuesta de ley del Gobierno supone una invasión competencial, así como una "innecesaria centralización", ya que las comunidades autónomas tienen competencia exclusiva en materia de espacios naturales protegidos. Asimismo, considera que el proyecto de ley supone una rebaja en el nivel de protección de los parques nacionales e incluso pone en riesgo su homologación internacional.
"La Ley a la que pretende sustituir había conseguido un apoyo y un consenso no alcanzado por ninguna otra norma en esta materia. Y así lo considera el Consejo de Estado cuando en su dictamen apunta a reflexionar sobre la conveniencia de volver a establecer un nuevo modelo que genere potencialmente controversias competenciales con las comunidades autónomas tras el equilibrio relativo conseguido con la Ley de 2007", sentencia.
Por parte de la Izquierda Plural, su portavoz en la materia, Laia Ortiz, supondrá una desprotección de los parques naturales, a la vez que "contraproducente" desde el punto de vista de la distribución competencial.
"Este proyecto de ley es un nuevo paso atrás", sentencia la diputada ecosocialista, al mismo tiempo que alerta de que este proyecto de ley nace con la oposición de las organizaciones ecologistas, así como de varias comunidades autónomas que denuncian de nuevo la "falta de lealtad institucional".
Igualmente, advierte de que posibilita la realización de actividades económicas o comerciales relacionadas con el uso público o el turismo rural y reconoce a los titulares de derechos (como propietarios de fincas o gestores de cotos de caza) una capacidad de decisión mayor que al conjunto de la sociedad.
Por parte del BNG, denuncian que este proyecto de ley no avanza en la protección de los espacios ecológicos, no contribuye a mejorar la implicación en la gestión de los espacios de las personas y colectivos de su entorno "más próximo" y no contempla medidas para estimular la economía de las zonas de su influencia.
Asimismo, critica que pretende tanto reforzar tanto las competencias del Estado en una materia de "clara inserción" en las competencias sobre ordenación al territorio y protección ambiental que compete a las comunidades autónomas, así como orientar las actividades de parques nacionales a nuevos usos en base a la rentabilidad económica de unos pocos.
