Actualizado 25/03/2010 12:59

PSOE exige a la Comunidad de Madrid explicaciones sobre los presuntos malos tratos en centros de menores

MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz socialista de Asuntos Sociales en la Asamblea de Madrid, Pilar Sánchez Acera, criticó hoy la "falta de control" de la Comunidad de Madrid sobre los centros de menores concertados, y reclamó al Ejecutivo regional explicaciones sobre los presuntos malos tratos que se están produciendo en centros de menores terapéuticos de la región.

"A pesar de que la Comunidad asegura que realiza inspecciones en el centro de Galapagar, el Defensor del Pueblo ha descubierto, en una inspección sorpresa, elementos suficientes como para sospechar que se han producido presuntamente irregularidades en la atención a los menores", afirmó Sánchez Acera, que dijo a la Consejería del ramo que "la denuncia de presuntos malos tratos en este centro está en los juzgados y se trató en el Pleno de la Asamblea con la propia consejera".

Sánchez Acera consideró que "no puede ser el Gobierno regional de Esperanza Aguirre, con su Consejería de Familia y Asuntos Sociales a la cabeza, se nieguen a investigar y llegar a la verdad de lo que está ocurriendo en estos centros".

Así, señaló que antes de conocerse el caso de Galapagar que hoy se está juzgando en Collado Villalba, los socialistas han reclamado

"mejorar el control, la calidad del servicio y el apoyo que se debe dar a estos menores".

"Menores que sufren trastornos de conducta o algún tipo de enfermedad mental, que hace que necesiten de los recursos apropiados durante un tiempo determinado para poder desarrollar su vida futura de manera normalizada", afirmó a renglón seguido para decir que, sin embargo, "parece que la falta de control por parte de la Comunidad a través del Instituto Madrileño del Menor y la Familia y la posible vulneración de derechos fundamentales hace que estas personas, todas menores de edad, más que protegidas por la administración regional estén en constante riesgo".

La diputada recordó una pregunta en Pleno tras el suicidio de un menor en diciembre de 2008 en el centro de menores terapéuticos que la Comunidad tiene adjudicada a la Fundación O'Belén, así como la comparecencia el pasado año sobre estos centros y la PNL para mejorar estos centros que desde el Grupo Socialista se presentó en junio. Además, recordó que este mismo año ya se pidieron explicaciones sobre estos centros nuevamente a la consejera de Familia y Asuntos Sociales tras la publicación de las denuncias de Galapagar.

"Como siempre, nos dicen que no pasa nada y que no hay denuncias, pero la realidad y el informe del Defensor del Pueblo nos muestran otra cosa. Evidentemente, vamos a llegar hasta el final. Por supuesto seguiremos presentando propuestas de mejora, entre que la Comunidad de Madrid se comprometa a implantar el protocolo que para estos centros está preparando el Gobierno de España junto con las diversas comunidades autónomas, y no se haga nuevamente insumisa", avanzó la parlamentaria.

"También pediremos que se amplíe la investigación a los otros dos centros de menores terapéuticos que esta empresa denunciada, el Grupo Salud Consulting, tiene concertados con el IMMF en El Escorial y Robledo de Chavela", concluyó.

CENTROS PÚBLICOS

Por su parte, el secretario general de Juventudes Socialistas de Madrid (JSM), Daniel Méndez, dijo que se trata del "enésimo capítulo de esta película de terror dirigida por Esperanza Aguirre, su insensibilidad y su voracidad privatizadora" y reclamó una auditoría para esclarecer el caso, así como que los centros sean públicos.

Así, reclamó "una auditoría completa de los centros de menores para investigar el alcance de los abusos, así como el rescate de estos centros para la Administración, porque no puede ser que los menores internos o desprotegidos estén en manos de empresas que buscan su lucro personal cuando lo que se debe garantizar es su reinserción y su bienestar".

Asimismo, indicó que el Defensor del Pueblo está investigando estos centros desde hace tiempo "ante la proliferación de suicidios y abusos físicos y sexuales sin que la Comunidad de Madrid o el Defensor del Menor hayan hecho absolutamente nada más que encubrir los hechos".