MADRID, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -
El PSOE insta al Gobierno en el Congreso a garantizar la disponibilidad de servicios de intérpretes de lenguas de signos para las persona sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas, en sus relaciones con las administraciones públicas, especialmente en las comisarías, servicios de urgencias sanitarias y servicios de atención a mujeres víctimas de violencia de género.
La iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, ha sido registrada por el PSOE en la Comisión de Discapacidad de la Cámara baja, coincidiendo con la celebración este lunes del Día Internacional de las personas con Discapacidad.
Así las cosas, los socialistas avisan de que las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas, viven en una sociedad formada mayoritariamente por personas oyentes por lo que, para su integración, deben superar las barreras existentes en la comunicación que son en apariencia, invisibles a los ojos de las personas sin discapacidad auditiva.
Se trata del preámbulo de la Ley de Signos españolas de 2007 y donde se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas, que da apoyo a un colectivo que venía demandando el apoyo y la implicación de las administraciones públicas para lograr su integración efectiva.
A juicio del PSOE, las previsiones de esta Ley estaban teniendo un "despliegue gradual" que se ha visto interrumpido por las políticas de recortes en el gasto social, llevadas a cabo por el actual Gobierno y algunas comunidades autónomas.
"Las consecuencias de estos recortes son notables en todos los ámbitos para el colectivo, pero presentan una especial gravedad en situaciones de urgencia", alertan los socialistas.
Es más, destaca que en ese tipo de situaciones donde una persona presenta "mayor vulnerabilidad" y lograr comunicarse cobra, en su opinión, singular importancia, "como es el caso de la atención en comisarías, en servicios de urgencias sanitarias y en servicios de atención a mujeres víctimas de violencia de género", agrega el PSOE.
En este sentido, detalla que las razones de tipo económico en ningún caso deben amparar que las personas con sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas se vean privadas de su derecho a disponer de servicios de intérpretes de lengua de signos, especialmente en situaciones de máxima necesidad.
