España, que exporta estas armas a Libia y Finlandia, tendrá que destruir munición de fabricación nacional e importada de EE.UU.
MADRID, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -
El PSOE ha recabado el apoyo del resto de grupos parlamentarios para que el Congreso de los Diputados pueda aprobar a la vuelta del verano una proposición no de ley en la que se insta al Gobierno a aplicar de inmediato en España la Convención sobre Municiones de Racimo, un texto aprobado el pasado mes de mayo en una Conferencia Diplomática celebrada en Dublín, que prohíbe el uso, la producción y la adquisición de este tipo de armas, así como a destruir las que se encuentren bajo su control.
Según informaron a Europa Press fuentes socialistas, el portavoz del PSOE en la Comisión de Defensa, Jesús Cuadrado, ha sido el encargado de sumar apoyos a esta iniciativa y, a juzgar por el resultado de sus gestiones, el texto podrá ser aprobado por unanimidad.
El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel Ángel Moratinos, anunció hace dos semanas en el Senado que el Gobierno firmará el próximo 3 de diciembre en Oslo la Convención sobre Municiones de Racimo aprobada el pasado 28 de mayo en Dublín, e iniciará "de forma inmediata" las gestiones pertinentes para su ratificación parlamentaria "a fin de que pueda entrar en vigor lo más rápidamente posible".
Una vez que el texto se ratificado por las Cortes, el Gobierno tendrá que dejar de producir este material y destruir la munición de racimo que esté bajo su control. En este momento, las Fuerzas Armadas disponen de granadas de mortero MAT-120 y de bombas BME-330 (antipista y negadora de aérea), ambas de fabricación nacional, así como de las bombas CBU (99 B MK20 y 100B), fabricadas en Estados Unidos.
Según detalla el Ejecutivo en una respuesta parlamentaria al diputado del BNG, Francisco Jorquera, los modelos de fabricación nacional tienen dispositivos que garantizan su autodestrucción o inhabilitación y las bombas CBU son de tipo dispensadoras de munición, que no estallan si no impactan previamente con una superficie dura.
En los últimos cinco años se ha autorizado únicamente la exportación de 2.100 granadas de mortero anticarro MAT-120 SC, que tuvieron como destino las Fuerzas Armadas de Finlandia, y de 1.057 granadas de mortero MAT-120, que fueron adquiridas por el Ministero de Defensa de Libia.
LAS EXPORTACIONES CUMPLEN LOS REQUISITOS FIJADOS.
El Gobierno asegura que estas dos operaciones cumplen con los requisitos establecidos en el Protocolo V de la Convención de 1980 sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados.
La proposición no de ley registrada por los socialistas recuerda que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero siempre ha defendido que este tipo de armamento se someta al máximo control y transparencia, con el fin de garantizar que su exportación "no fomente la violación de derechos humanos, no avive los conflictos armados, ni contribuya de manera significativa a la pobreza".
De hecho, en la propia Ley sobre control de comercio exterior de material de defensa y de doble uso, aprobada en 2007, se dispone que el Ejecutivo español impulse un tratado internacional sobre esta materia, así como la prohibición de las bombas de racimo en el ámbito de Naciones Unidas y de la Unión Europea.
Los socialistas argumentan que el hecho de que unos pocos países, entre ellos España, tengan regulado por ley el máximo control parlamentario de este tipo de comercio, incluido el cumplimiento del estricto Código de Conducta de la Unión Europea, "no es suficiente para terminar con la lacra del tráfico ilícito de armas".
Por eso, nuestro país defiende la creación de "un instrumento amplio y jurídicamente vinculante que establezca normas internacionales comunes". De hecho, en 2006 España ya actuó como copatrocinadora en la ONU de un tratado sobre comercio de armas que fije normas internacionales comunes para la importación, exportación y transferencia de armas convencionales.
SUMAR A LOS PRINCIPALES PRODUCTORES.
El pasado mes de mayo 111 países impulsaron en Dublín la convención cuya aplicación se urge al Gobierno y que, según el PSOE, supone "un gran avance para poner fin al sufrimiento y a las muertes causadas por las municiones de racimo en el momento de su uso, cuando no funcionan como se esperaba o cuando son abandonadas". No obstante, los socialistas recuerdan que los principales productores de este tipo de armamento: Estados Unidos, Rusia, China e India no han firmado la convención.
En este sentido, con el texto, que se someterá a debate en el Pleno del Congreso, se pretende mandatar al Ejecutivo para que inicie una "intensa acción internacional" a fin de lograr la vinculación al acuerdo de los Estados que no se han adherido al mismo.
Asimismo, la proposición no de ley insta al Gobierno a poner en marcha cuantas medidas sean necesarias en el ámbito internacional para conseguir, con la mayor celeridad posible, un Tratado sobre el Comercio de Armas como un instrumento eficaz "para evitar la transferencia irresponsable de armas cuando éstas sean utilizadas para perpetrar violaciones de derechos humanos, del derecho internacional humanitario y actos terroristas".
