MADRID, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -
Las quejas al Defensor del Pueblo aumentan un 36 por ciento en un año respecto por la crisis económica y los recortes de las administraciones, hasta alcanzar las 33.478 reclamaciones, según el Informe Anual de 2012 presentado este miércoles en el Congreso de los Diputados por la dirigente de esta institución, Soledad Becerril.
"Las cifras que en este informe se ofrecen denotan las dificultades económicas por las que la sociedad ha atravesado", señala este organismo en la introducción de su memoria anual. Así, en 2012 se han tramitado un total de 280.592 expedientes, de los que 33.478 son quejas, 371 son de investigación de oficio, y, la mayoría, 246.743, son de solicitudes de inconstitucionalidad y amparo.
Para la Defensora del Pueblo, el año 2012 ha sido un año marcado por la crisis económica, y como consecuencia de ello, los ciudadanos han sufrido una "disminución" de sus ingresos y expectativas laborales, así como en la atención de servicios que con anterioridad habían recibido.
Según el texto, la Ley de estabilidad presupuestaria, de 27 de septiembre de 2011 para reducir el déficit de las administraciones públicas, "ha repercutido en la reducción total o parcial de la prestación de determinados servicios".
También, como consecuencia del constante incremento del desempleo, la Defensora del Pueblo destaca en su memoria que las familias han encontrado mayores dificultades en atender a compromisos de pago, una circunstancia que se añade al hecho de que la mayor parte de las entidades bancarias se han visto afectadas por la caída del sector inmobiliario, "riesgo que no habían calculado suficientemente".
En la introducción del informe, Becerril recuerda el comportamiento "absolutamente censurable" de algunas cajas de ahorros con sus clientes por la venta de 'preferentes' sin informarles del riesgo de estas inversiones, lo que ha dado lugar a "decenas de miles" de afectados que no han podido retirar sus depósitos. Asimismo, recuerda la situación de las familias que por impago de sus hipotecas se han visto "lanzadas" de sus viviendas, lo que ha producido una "enorme convulsión" en la sociedad.
"En los difíciles momentos actuales por las circunstancias económicas, por los altos índices de desempleo, por las necesidades en materia de prestaciones sociales, por los esfuerzos que se piden a los ciudadanos para superar las dificultades y volver a momentos de crecimiento y bienestar, se requiere la confianza en las instituciones públicas, y estas deben ser capaces de merecerla", asevera Becerril.
LOS FUNCIONARIOS LIDERAN LOS EXPEDIENTES
Del total de expedientes tramitados, el 91,5 por ciento (256.869) se refieren a las áreas de 'empleo, educación y cultura', la mayor parte de ellos (253.095) impulsados por funcionarios, personal laboral y estatutario de la Administración General del Estado (AGE), Seguridad Social, comunidades autónomas y corporaciones locales.
Asimismo, el 2,6 por ciento de los expedientes (7.303) se refieren a cuestiones de sanidad y política social; el 2,5 por ciento (7.083) a seguridad y justicia; el 1,8 por ciento (5.057) a economía y hacienda; el 0,8 por ciento (2.336) a medio ambiente y urbanismo; y el 0,6 por ciento (1.814) a temas de migraciones e igualdad de trato.
En cuanto a las recomendaciones y sugerencias, el informe indica que, a lo largo de 2012, el Defensor del Pueblo ha formulado 193 recomendaciones y 200 sugerencias, incluyendo las emitidas en su condición de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. En ambos casos es mayor el número de ellas formuladas ante la Administración General del Estado, con un total de 105 recomendaciones y 73 sugerencias, respectivamente, mientras que ante las administraciones autonómicas han sido 56 y 43.
