BRUSELAS, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -
La comisaria de Justicia y Derechos Fundamentales, Viviane Reding, ha declarado este miércoles que espera no tener que llevar a Francia a los tribunales por su política de expulsión de gitanos rumanos y que confía en que las autoridades galas aporten las "pruebas" de que se ha aplicado correctamente la legislación comunitaria en las deportaciones practicadas este verano.
"El objetivo de la Comisión no es llevar a los Estados miembros a los tribunales sino cambiar la situación de origen por el bien de los ciudadanos", ha manifestado durante un debate celebrado en el Parlamento Europeo horas después de que el colegio de comisarios lanzara un ultimátum a Francia para adaptar a su ordenamiento jurídico interno la directiva sobre libre circulación de personas sin lanzar, como había apuntado la propia Reding, un procedimiento de infracción por discriminación.
"La Comisión no ha dado marcha atrás", se ha defendido Reding, que consideró "fuertemente simbólica" la decisión de Bruselas. Y para salir al paso de las escasas voces críticas que en la Eurocámara le recriminaron no haber procedido contra Francia por discriminación, la vicepresidenta argumentó que es necesario verificar claramente "hechos y cifras", que es lo que Bruselas le ha pedido al Gobierno francés antes del 15 de octubre.
"Si esto se hace no necesitaremos actuar. Si no se hace, entonces se enviará una carta de emplazamiento", zanjó la comisaria tras recordar que la CE ha dejado claro que las garantías políticas no son suficientes. También hizo valer Reding que la polémica circular francesa del 5 de agosto ordenando a la policía desmantelar los campamentos ilegales, especialmente los de gitanos, fue retirada el 13 de septiembre y que la CE no tiene pruebas concretas de lo que pasó entre estas dos fechas.
PRUEBAS LEGALES
"La Comisión Europea se basa en pruebas legales y no las tenemos para ir al Tribunal por la cuestión de discriminación", ha dicho tras resaltar que sólo se puede avanzar en un expediente de esta naturaleza si se disponen de "pruebas claras", como las copias de las órdenes de expulsión. "No cerramos el expediente. El expediente está sobre la mesa", ha advertido.
Por su parte, el presidente del Ejecutivo comunitario, Jose Manuel Durao Barroso, ha señalado que la decisión adoptada este miércoles se basó en la propuesta de Reding, que es, dijo "el jefe de filas en el tema de no discriminación".
En cuanto a los motivos para no abrir un expediente por discriminación, recordó las garantías dadas por las autoridades francesas y la cancelación de la primera circular del 5 de agosto. A continuación reclamó no politizar este asunto que debe, a su juicio, basarse en fundamentos jurídicos.
Y la posición adoptada hoy por la comisión unánimemente siguió exactamente las propuestas de la comisaria Rediging y respetando plenamente nuestras obligaciones legales y responsabilidades legales en tanto que guardianes del Tratado", ha asegurado.
