MADRID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha elaborado un documento de observaciones al anteproyecto de la Ley General de la Salud Pública, con el objetivo de que se consideren las necesidades específicas de las personas con discapacidad en la futura ley, en especial las de mujeres y niños y niñas con discapacidad, según han comunicado este miércoles.
El texto considera que esta petición "resulta imprescindible" en la futura legislación ya que "las personas con discapacidad son usuarios del sistema de salud y han de obtener un trato atendiendo a su situación en cada caso y según su tipo y grado de discapacidad".
Desde CERMI también han hecho hincapié en que el derecho a la información "ha de ser plenamente accesible a las personas con discapacidad, atendiendo a las características de cada discapacidad, que puede dar lugar a necesidades diferentes y medios de accesibilidad también diversos".
Por otra parte, el comité ha propuesto que se añada la discapacidad entre los motivos de discriminación a los que hace referencia el anteproyecto de Ley, es decir, considera que la discapacidad debe incluirse en el derecho de los ciudadanos a la equidad efectiva de todas las intervenciones de la salud pública y prestación de servicios sanitarios, a fin de alcanzar una igualdad sin que pueda producirse discriminación, así como prestar una atención específica a las necesidades de las personas con discapacidad.
En cuanto al respeto de la privacidad, CERMI ha solicitado que se proteja la privacidad de la información personal y relativa a la salud y a la rehabilitación de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás, según obliga la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad a todos sus Estados Partes.
Igualmente, han destacado en su documento que "se debe prestar a las personas con discapacidad una atención de la misma calidad que a las demás personas sobre la base de un consentimiento libre e informado, entre otras formas mediante la sensibilización respecto de los derechos humanos, la dignidad, la autonomía y las necesidades de las personas con discapacidad a través de la capacitación y la promulgación de normas éticas para la atención de la salud en los ámbitos público y privado".
Otra de las peticiones, es incluir la discapacidad entre las organizaciones receptoras de medidas de apoyo. En este sentido, han pedido que las administraciones sanitarias adopten medidas de apoyo a aquellas organizaciones y asociaciones directamente relacionadas con los grupos más desfavorecidos o discriminados en cuestiones de salud pública.
PRIORIDAD A LA LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES RARAS
Además, el CERMI considera que la futura Ley General de Salud Pública "debe dar una prioridad a la lucha contra las enfermedades raras, desde el punto de vista de la prevención y detección precoz para reducir al máximo la aparición de estas nuevas discapacidades, así como el apoyo a las personas que lo presentan y sus familias, y la promoción de la salud de las personas con discapacidad, incluida la de la salud sexual y reproductiva.
Asimismo, han propuesto que uno de los expertos del Comité Asesor en Salud Pública lo sea en materia de discapacidades y sea propuesto por CERMI, así como en la Red de Expertos de Salud Pública. Además, la plataforma de la discapacidad considera que "es importante" que la formación contemple aspectos de la atención a las personas con discapacidad.
Entre las demás propuestas que ha planteado CERMI, destacan la implantación de un auténtico modelo de atención sociosanitaria, que garantice la continuidad de la atención y los cuidados que necesitan las personas en situación de dependencia y las personas con discapacidad. "Se caracterizaría por la priorización del enfoque preventivo, la garantía de derechos de los usuarios, orientación a las necesidades individuales, entre otros", señala.
Así, también han hecho referencia a que el Gobierno proceda "de inmediato" a la revisión y mejora de la cartera de servicios ortoprotésicos; y a la prohibición de la discriminación en los seguros de salud y vida a favor de las personas con discapacidad.
En este último aspecto, se mantiene la idea de tener una información accesible, con el objetivo de que puedan acceder efectivamente a su contenido sin discriminaciones y en igualdad de condiciones; al mismo tiempo que se reivindica que las compañías aseguradoras deben estar obligadas a adoptar las medidas tendentes a eliminar cualquier tipo de discriminación por razón de discapacidad.
En particular, según han señalado "se prohíbe la denegación de acceso a la contratación, el establecimiento de procedimientos de contratación diferentes de los utilizados por el asegurador o la imposición de condiciones más onerosas, por razón de discapacidad, salvo que se encuentren fundadas en causas justificadas y razonables".
